OURENSE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) –
El pleno ordinario del mes de julio de la Diputación de Ourense ha transcurrido con normalidad, a pesar de que esta misma semana el regidor municipal de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, cesaba a los ediles populares rompiendo el pacto de gobierno entre Democracia Ourensana y el PP.
Pérez Jácome anunciaba esta semana que tras quitarse "el lastre del PP" en el Ayuntamiento, también se rompía el compromiso de votar coordinadamente por "lealtad" y "en apoyo" al partido en la Diputación Provincial, sin embargo esto no se ha visto reflejado en la sesión plenaria. Las decisiones de ambos grupos han sido las mismas.
En el orden del día figuraban dos modificaciones de créditos correspondientes a los presupuestos generales de la Diputación y del Inorde. El capítulo económico se completaba con la aprobación de la cuenta general de la Diputación y de sus órganos asociados, el Inorde, el Consorcio Provincial del Servicio contra incendios y el Consorcio de
Agua de Valdeorras, un trámite que había quedado aplazado del pasado mes de junio.
Todas han salido aprobadas con el voto favorable del Partido Popular, la exdiputada de Ciudadanos, ahora no adscrita, Montse Lama, y los dos diputados de Democracia Ourensana; Armando Ojea y el propio Pérez Jacome.
Asimismo, el pleno ha aprobado la adhesión de la Diputación a los seis Grupos de Desarrollo Rural de la provincia, con lo que se convierte, según ha indicado el presidente provincial, Manuel Baltar, "en la primera institución provincial gallega en integrarse como socia en las asambleas de todos los grupos existentes" en su territorio.
La iniciativa en este caso ha sido aprobada por unanimidad, incluyendo los votos favorables del BNG y el Partido Socialista.
También se ha aprobado una declaración institucional en la que se
solicita la designación como "zona afectada gravemente por emergencia de Protección Civil" para los espacios destruidos por los incendios forestales registrados desde el pasado 14 de julio en la provincia.
En este sentido, los grupos políticos representados en la corporación provincial han reclamado al Gobierno que inicie el procedimiento para que esta declaración de emergencia se lleve a cabo por "la gran extensión del terreno calcinado y las viviendas destruidas".
Han reclamado además la aprobación de medidas que establece la ley como "las ayudas económicas a particulares, las medidas fiscales de excepción tributaria y medidas laborales y de seguridad social".
Proposiciones
En el apartado de las proposiciones ha habido dos mociones, una del Partido Socialista para la mejora de las carreteras de la zona oriental de la provincia, y una del BNG relativa al "desmantelamiento del transporte público colectivo terrestre en Ourense". Ambas han salido
aprobadas, aunque la de los nacionalistas con la abstención del PSOE.
Los socialistas han solicitado instar a la Diputación a ejecutar el proyecto de carretera de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, así como elaborar un análisis técnico de necesidad de las vías de titularidad provincial para, con posterioridad, redactar y aprobar de modo consensuado un plan de inversión.
Los nacionalistas han presentado, por su parte, una moción para pedir al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana que en la futura Ley de Movilidad Sostenible figure de "modo explícito" la apuesta por el transporte público de viajeros adecuada a las necesidades de Galicia, así como que se mantengan las líneas actuales por carretera y sus paradas.
Además solicitan realizar un estudio de nuevas rutas pidiendo que la Xunta de Galicia se encargue de la gestión de las paradas y la adaptación de las frecuencias en el territorio gallego.
La propuesta incluye también la petición de recuperar los horarios en las comunicaciones con A Coruña, la mejora de infraestructuras y la recuperación de las estaciones de ferrocarril de A Rúa, Petín y O Barco de Valdeorras, la mejora de las conexiones y la ejecución de la Variante Sur que unirá el corredor Atlántico gallego con Portugal desde Tui.