El BNG formaliza una querella contra Jácome por un presunto delito de falsedad documental

La difusión de unos audios en el periódico La Región en los que se escucha al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, pidiendo a funcionarios que se identifiquen como conductores de un coche oficial habitualmente conducido por él después de que este fuera multado en Vigo, ha llevado al BNG ourensano a formalizar una querella contra el regidor.

El contenido de los audios ha provocado que el Bloque pida la investigación de Jácome por un presunto delito de falsedad documental; solicitud que se ha formalizado este viernes a través de una querella en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, como expone Europa Press. Los encargados de personarse en los juzgados fueron el actual portavoz municipal y candidato del BNG a la Alcaldía, Luís Seara; los diputados autonómicos Noa Presas e Iago Tabarés y el abogado Xoan Antón Pérez Lema, encargado de llevar el caso.

Ya el pasado día 6 de mayo el grupo municipal nacionalista acudió al juzgado de guardia para presentar una denuncia por estos hechos. Con todo, la jueza titular del Juzgado número 3, encargado de tramitar dicha denuncia, requirió la presentación de una querella y el depósito de una fianza de 2.000 euros en caso de querer continuar con el procedimiento.

"Emergencia social y política"

En declaraciones a medios a las puertas del juzgado, recogidas por Europa Press,  Luís Seara ha manifestado que Ourense se encuentra en una situación de "emergencia social y política". El portavoz municipal del BNG se ha dirigido a las personas "que se sientan defraudadas y decepcionadas" por la situación para pedirles que el próximo 28 de mayo "no se queden en casa porque esa no es la solución a los problemas".

En cuanto al contenido de la querella, el abogado Xoan Antón Pérez Lama ha explicado que el BNG ha solicitado el expediente del procedimiento sancionador, así como la certificación de titularidad del vehículo y la vinculación con el Ayuntamiento de Rafael Cachafeiro, actual número 6 en las listas de Democracia Ourensana y quien presuntamente se habría identificado como conductor.

Asimismo, piden esclarecer la vinculación de dos de los empleados públicos identificados en los audios y requieren al director del periódico La Región, el diario ourensano que avanzó todos los audios, las grabaciones hechas públicas a día 6 de mayo. Pérez Lema ha dejado "la puerta abierta" a la posibilidad de que, con motivo de la investigación, se pudieran añadir otros delitos como "el de malversación en aplicación del artículo 432 bis del Código Penal, algo que a día de hoy no podemos descartar".

La jueza deniega la petición de prohibir la difusión de los audios

Además de la querella presentada por el Bloque Nacionalista, el alcalde de Ourense recibió este viernes otro golpe judicial: la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde de la ciudad presentó una denuncia contra el diario La Región por un presunto delito del artículo 197 del Código Penal -descubrimiento y revelación de secretos-, ha denegado al regidor su solicitud, como medida cautelar, de prohibición de difusión de unas grabaciones de conversaciones que mantuvo con terceras personas.

La jueza explica en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que "no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna, por cuanto no se aporta elemento alguno que permita inferir la colocación no autorizada de dispositivos de escucha y grabación".

Así, subraya que "no consta fotografía o inspección ocular de los que resulte dispositivo técnico de ninguna clase ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada, ni tampoco informe pericial alguno que acredite el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo".

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, en funciones de guardia cuando el regidor municipal presentó una denuncia contra La Voz de Galicia, también denegó el pasado sábado las medidas cautelares solicitadas por el alcalde, quien pidió que decretase la retirada de los audios, así como que prohibiese su publicación.