El juicio contra Manuel Baltar, presidente provincial del PP y en funciones de la Diputación de Ourense, previsto para este 31 de mayo se ha suspendido por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Por el momento, confirman, no se ha señalado ninguna otra nueva fecha para el juicio en el que se dirimirá la responsabilidad del popular, tras no mostrar éste conformidad con la pena solicitada para él al ser captado por un radar a 215 km/h en la autovía A-52 el pasado 23 de abril.

El juicio estaba fijado para primera hora de este miércoles en el Juzgado de lo Penal de Zamora. Tras un primer aplazamiento por incomparecencia de su abogado, se celebró una primera vista en Puebla de Sanabria el 11 de mayo. El juicio se fijó porque no hubo sentencia de conformidad ante el rechazo de Baltar a asumir la pena que pedía Fiscalía: la retirada del carné durante un año y una condena de seis meses de multa a razón de 10 euros diarios.

El abogado se aferra al margen de error del radar y mantiene que no hay delito

El letrado Juan Ramón Montero, al frente de la defensa de Manuel Baltar, ha vuelto a defender este miércoles que "no cabe procedimiento penal" y se aferra al margen de error del radar. El argumento es que su defendido "no iba ni siquiera a 200 km/h" como dictamina la resolución inicial por la que asumió la multa administrativa, aunque después se redujo el margen del 7% al 5%.

Al anularse el juicio, Baltar no ha llegado a desplazarse al juzgado, aunque sí acudieron su abogado y los agentes que se encargaron del atestado. Su abogado ha recalcado su "evidente disposición" a colaborar con la Justicia y fuentes del entorno del ourensano aseguran que estaba en Zamora, aunque no llegó a ir a la sede judicial. La comparecencia podía ser presencial o telemática.

A la puerta de juzgado, en declaraciones a los medios, Montero se ha reafirmado en la tesis de que su defendido ya asumió la multa administrativa y ha puesto el foco en supuestas "irregularidades" en el proceso, como la "alteración" de informes por parte de la Guardia Civil, hasta el documento definitivo que dio pie al procedimiento penal.

En un primer momento, a Baltar se le notificó una infracción administrativa por exceso de velocidad, por lo que asumió la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una multa de 600 euros, que se vio reducida a 300 por pronto pago. Sin embargo, posteriormente, al tratarse de un cinemómetro ubicado de forma temporal en un punto fijo, el margen de error se habría reducido del 7% al 5%, lo que justificaría un procedimiento penal.