El diario La Región publicó hace varias semanas unos audios en los que presuntamente el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, hablaba sobre ciertas prácticas irregulares; concretamente, pedía a funcionarios que se identifiquen como conductores de un coche oficial habitualmente conducido por él, después de que este fuera multado en Vigo.
Esto provocó que miembros del BNG presentasen una querella contra Jácome por supuesto delito de falsedad documental. Mientras tanto, el alcalde ha luchado por frenar la polémica intentando que se prohibiera la difusión de los audios. Ahora, a menos de diez días para conformar las corporaciones municipales (se cierra el proceso el 17 de junio), la Fiscalía ha abierto diligencias sobre estos audios, como recoge Europa Press.
La Fiscalía ha pedido a La Región los archivos de voz que apuntan a irregularidades de Jácome, así como un informe pericial relativo a las grabaciones. También ha solicitado la declaración en calidad de testigos de los periodistas involucrados en la información publicada. En una entrevista concedida en Radio Ourense Cadena SER, el regidor ha reiterado tener "preocupación cero" como "en todas las denuncias que nos hicieron anteriormente"
PP, PSOE y BNG
Los candidatos de los otros partidos celebran la decisión de la Justicia valorando positivamente la apertura de diligencias penales. La secretaria general del PP en Ourense, Natalia González, que considera "una buena noticia" que la justicia "investigue todas las informaciones aparecidas en los últimos meses" en las que se habla de presuntas irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento.
Por su parte, el Partido Popular, la segunda fuerza más votada para en las pasadas elecciones, valora positivamente que actúe la justicia y recuerdan los escritos que presentaron para que se investigase "una serie de hechos que podría ser constitutivos de delitos".
Sobre la querella que los nacionalistas presentaron por presunta falsedad documental, por la adjudicación de una multa de tráfico a un trabajador del ayuntamiento; Seara ha señalado que siguen personados como acusación particular y que fueron hasta Fiscalía, pero el recorrido judicial "termina ahí" y ahora le corresponde a la justicia "determinar si hay o no indicios de delito y hacer las investigaciones oportunas".