Fin de una era en la provincia de Ourense. El hasta ahora presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ha rechazado presentarse a la reelección del cargo que ocupaba desde febrero de 2012 en el ente provincial. Su padre, José Luis Baltar, había desempeñado anteriormente el puesto desde el año 1990.

Una renuncia que llega marcada por dos últimos meses plagados de polémicas: las multas por exceso de velocidad en vehículos oficiales y la filtración de audios en los que se acusa al Partido Popular de Ourense de presunta prevaricación.

La noticia de que el coche oficial en el que viajaba Baltar había sido interceptado a 215 kilómetros por hora se dio a conocer el 26 de abril. El vehículo circulaba el 23 de abril por la A-52 en sentido Madrid, por lo que se le impuso una multa de 600 euros, que quedó reducida a la mitad por pronto pago. De inmediato, estos hechos provocaron una fuerte reacción en la oposición y el PSOE fue el primer partido exigir la dimisión de Manuel Baltar "por decencia democrática".

El asunto saltó hasta el Parlamento de Galicia, donde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo en un primer momento el silencio a pesar de las preguntas de los partidos de la oposición. Tampoco se pronunciaron altos cargos del PP y el alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que pactó con el PP de Baltar en 2019 para acceder al Gobierno local, se limitó a comentar que el asunto parecía "grave".

Carta de disculpa pública

El hasta ahora presidente de la Diputación se pronunció por primera vez sobre el incidente de tráfico el 27 de abril a través de una carta difundida a los medios de comunicación. Baltar expresaba ser "la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa para mí, derivada de un error aislado pero que no es, desde luego, la adecuada". Además, achacaba el suceso a un "despiste" en "una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo".

"Cumplí el pago de la sanción administrativa tal y como estoy a disposición para colaborar en cualquier diligencia ulterior. Lo que está intacto es mi compromiso con la provincia de Ourense", apuntaba el dirigente provincial. A raíz de estas declaraciones, Alfonso Rueda hablaba públicamente del asunto por primera vez sin adelantar medidas disciplinarias: "No tuvo un comportamiento adecuado. Ya veremos en qué acaba todo el resto. El hecho de reconocerlo y pedir disculpas creo que es muy importante".

Con todo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se mostraba más exigente con Baltar: "Cualquier conducta que vulnere las normas por las que tenemos que regirnos todos, no puede ser amparada por nosotros". La polémica no hacía más que comenzar.

Salen a la luz más sanciones

El presidente de PP de la provincia de Ourense, Manuel Baltar, interviene durante un acto del Partido Popular de Galicia. Agostime Iglesias / EP

La carta de disculpa no fue suficiente para que el presidente provincial pudiera poner punto y final al asunto. Ante la continuidad de las críticas de los demás partidos, avivadas tras las declaraciones de Alfonso Rueda, Manuel Baltar se enfrentó el 28 de abril ante las preguntas de la oposición en el Pleno de la Diputación de Ourense. Allí reconoció otras tres sanciones en los últimos 11 años, así como el hecho de que el coche oficial de la Diputación de Ourense acumula otras siete, pero subrayó que no renunciaría al cargo.

Además de la multa administrativa abonada, Baltar estaba avocado a cumplir con el procedimiento penal por un presunto delito contra la seguridad vial. A principios de mayo, el dirigente provincial recibió la citación para acudir a declarar ante el juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora). La primera convocatoria se fechó el 9 de mayo; con todo, el juicio se pospuso en varias ocasiones hasta su presunta celebración final el 31 de mayo. La huelga de la Administración de Justicia obligó a su suspensión una vez más.

Durante este proceso, casi un mes después de la primera multa, la Guardia Civil confirmó que el 23 de abril, cuando el coche oficial fue interceptado a 215 kilómetros por hora, se registró otra infracción más a la altura de Allariz por circular a 173 kilómetros por hora. Manuel Baltar declaró no tener "constancia administrativa" de estos hechos.

El 26 de mayo salieron a la luz dos multas más por exceso de velocidad sobre el vehículo oficial de la Diputación y en ambos casos, el coche estaba conducido por personas ajenas al parque móvil del ente provincial. Alfonso Rueda volvió a ser interrogado por los periodistas al respecto: "Lo que tiene que hacer la Diputación es lo que anunció, abrir una investigación".

Episodio final: acusaciones de corrupción

En plena polémica por las sanciones de tráfico, el diario Público sacó en exclusiva supuestas conversaciones de Whatsapp y audios del presidente provincial y de su hermano en las que se reconocían presuntas "mordidas" e irregularidades en la financiación del PP de Ourense. La respuesta del PSOE y el BNG fue inmediata.

Así, el 27 de mayo los socialistas reclamaron la "inmediata dimisión de todos los implicados" y el Bloque aseguró  que pondría en conocimiento de la Justicia la existencia de esta información "para que más allá de las responsabilidades políticas se diriman las posibles responsabilidades legales". Todo ello ocurría un día antes de la cita con las urnas para los comicios municipales.

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, rechazaba hacer juicios paralelos y declaraba que la continuidad de Baltar en el ente provincial se decidiría cuando los gobiernos locales estuvieran conformados. Finalmente, varias semanas más después de las elecciones y con el plazo de cierre de las corporaciones municipales a punto de expirar, las polémicas parecen haber conducido a Manuel Baltar a tomar la decisión que él mismo aseguró que no tomaría: renunciar a la presidencia de la Diputación.