El juicio contra el clan gallego de ‘los charlines’ que arrancó el pasado mes de septiembre en la Audiencia Nacional ha quedado visto este miércoles para sentencia entre las lágrimas de Josefa Charlín Pomares, la primogénita del patriarca del clan, que ha pedido "disculpas a la Sala" durante su turno de última palabra.

Tal y como ha informado Europa Press, a pesar de que parte de los acusados han decidido guardar silencio en esta última sesión de la vista oral -entre otros la propia hija de Josefa-, algunos han aprovechado para desmarcarse una vez más del supuesto blanqueo de capitales derivado del tráfico de droga que la Fiscalía atribuye a la familia.

"Me remito a decir que lo que declaré (…) es cierto. Yo nunca he lavado dinero ni nada, porque nunca he tenido dinero, las cosas como son", ha defendido Melchor Charlín Pomares. Oscar Felipe Charlín Pomares, por su parte, ha sostenido que no hay indicios que demuestren que haya "puesto dinero para blanquear". "Lo único que he hecho ha sido trabajar, es lo único", ha apostillado.

Otro de los acusados, el empresario Ramón Rodríguez Paz, ha asegurado que solo pretendió "cobrar la deuda que tenía" con su constructora. "Nunca sospeché que María Teresa Charlín estaría relacionada con hechos delictivos. Comprobé que trabajaban en la compraventa de mariscos de sol a sol y pude comprobar a lo largo de ese tiempo que la absolvieron. El dinero que se me pagó en 2009 provenía de la venta de mariscos. Nunca oculté nada, nunca pretendí ocultar nada", ha añadido.

El abogado Santiago Do Campo, el último en hacer uso de este derecho, ha negado que fuese "un testaferro" del clan y ha aseverado que su gestión se basó "única y exclusivamente en la compra y venta de mercancía". "Llevo 15 años en esta situación procesal y las medidas cautelares me han imposibilitado hacer mi vida profesional y me han roto la personal", ha lamentado.

Pese a renunciar a la última palabra, el también letrado y acusado Roberto Adán ha aprovechado la exposición de su informe final para criticar los "largos años de pena de banquillo" que ha tenido que soportar. "Yo, que me dedico al ejercicio de la abogacía y llevo 26 años ejerciendo, llevo 13 años imputado. Imagínese las consecuencias en Pontevedra que eso tiene", ha espetado.

En este juicio la Fiscalía Antidroga pidió al tribunal que dictase una sentencia condenatoria en contra de los acusados asegurando que el patrimonio familiar "procede del tráfico de drogas" y que el clan de ‘los charlines’ se enriqueció ilícitamente blanqueando ese dinero.

La Fiscalía modificó durante la exposición de su informe final ligeramente sus conclusiones al solicitar dilaciones indebidas de una parte y, de otra, agravantes para otros acusados. Cabe recordar que, en su petición inicial, Antidroga pidió penas que van de los 5 a los 6 años de prisión para cada uno de los acusados, entre los que se encuentran hijos y nietos del patriarca familiar -ya fallecido_y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno de ellos.

Venta de esdtupefaciemtes

La Fiscalía sostiene que como consecuencia de la actividad del narcotráfico "los acusados integrantes del clan familiar de ‘los charlines’ se han venido enriqueciendo con el producto de la venta de sustancias estupefacientes", y con la finalidad de ocultar el "importante patrimonio ilícitamente obtenido (…) crearon todo un entramado de personas, sociedades y otras formas jurídicas interpuestas que obedecían a la finalidad de evitar que el producto de esa actividad ilícita llegara a figurar en algún momento a su nombre".

El Ministerio Público asevera que pudieron introducir en el tráfico mercantil "ingentes ganancias" y crearon una apariencia de licitud de tales ingresos y lograron la ocultación de su origen. Añade que quien tenía la última palabra siempre era el capo Manuel Charlín Gama a pesar de que estuviera cumpliendo pena de prisión, porque "era consultado acerca del destino y de la actuación en relación con determinados bienes.

Antidroga interesa el decomiso definitivo en favor del Estado de la totalidad de los elementos patrimoniales que se usaron para posibilitar el blanqueo de dinero logrado por el narcotráfico, y en concreto se refiere a una depuradora de marisco en la Isla de Arosa (Pontevedra), varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suiza y cantidades equivalentes a lo invertido en China y que ascendería a casi 2 millones de euros.