La Asociación de Periodistas de Galicia (APG) y el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) han mostrado preocupación y han rechazado la moción en la que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, solicita elaborar "un protocolo frente a informaciones lesivas para cualquier concejal".

El CPXG ha enviado un comunicado en el que pide retirar la moción prevista para el pleno de este viernes, dado que "podría abrir la puerta a la presentación de demandas abusivas y a la censura indirecta mediante la exclusión de cabeceras da contratación pública".

Además, tal y como ha recogido Europa Press, este colectivo ha apuntado que el gobierno local que promueve la moción es el mismo del que recibieron "numerosas llamadas de atención por vetos, ataques y desprecios reiterados a cualquier periodista que publicara información que no fuera de su agrado". "Son los tribunales los únicos que pueden cualificar una información como delictiva y, en su caso, la propia comunidad periodística, a través de los órganos de autorregulación de los que se dote", ha trasladado el CPXG.

Por su parte, la APG considera la moción de Democracia Ourensana como "una persecución" contra medios y profesionales.

El documento propuesto para el pleno de este viernes recoge tres puntos para la "Defensa de una información veraz en los medios de comunicación". En primer término, solicitan que el Ayuntamiento se manifieste a favor de la veracidad periodística "con un compromiso de defensa legal de sus concejales" ante "prácticas que puedan suponer conductas delictivas".

En el segundo, que se elabore "un protocolo de actuación frente a informaciones lesivas para cualquier concejal", trabajador o "la institución misma". Y en el tercero, que el Ayuntamiento "se abstenga de contratar medios de comunicación que hayan sido condenados por incurrir en conductas de las anteriormente descritas".

La Asociación de Periodistas ha objetado que se trata de una "coacción" a profesionales y empresas del sector "que Jácome considere críticos con su gestión y la de su grupo".

Constitución y ley de contratos del sector público

"Sorprende que el alcalde de Ourense desconozca o no tenga claro a estas alturas este axioma, solo sometido a las excepciones perfectamente definidas y reguladas en el ordenamiento jurídico vigente", ha concluido la APG en relación al artículo 20 de la Constitución que ampara la libertad de prensa.

En relación al tercer punto de la moción, el CPXG ha recordado que "cualquier contratación pública está sometida al ordenamiento jurídico, especialmente a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que señala los motivos para excluir a una empresa, entre los que no se encuentran los que pretende aplicar Democracia Ourensana".