El Pleno del Senado de la próxima semana abordará una iniciativa de Junts en la que propone reformar el Reglamento de la Cámara Alta para extender el uso de las lenguas cooficiales a toda la actividad parlamentaria, como ya ocurre en el Congreso de los Diputados a partir de esta legislatura tras el acuerdo del PSOE con las formaciones independentistas.

Se trata de una propuesta de reforma del Reglamento que registró Junts a mediados del mes de octubre y se abordará finalmente en el Pleno del próximo miércoles 21 de febrero, aunque previsiblemente la mayoría del PP rechazará esta iniciativa.

En cualquier caso, lo que propone Junts es la "integración total" de las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria del Senado, incluidas las comisiones, la presentación y publicación de las iniciativas, así como los textos registrados por instituciones y ciudadanos.

En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está limitado a los debates de las mociones en el Pleno, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la presentación de algunos textos escritos.

De hecho, la Mesa del Senado ha licitado recientemente un contrato para los servicios de traducción e interpretación de las lenguas cooficiales que puede alcanzar una cifra de hasta 756.000 euros, aunque la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de celebrar un Pleno más al mes podría aumentar este gasto.

ERC, Bildu, BNG, Compromís, Sumar y Geroa Bai suman, juntos, su propuesta

En esta línea, ERC, Bildu, BNG, Compromís, Sumar y Geroa Bai -no está Junts- se unieron en el Senado para presentar también su propuesta de reforma de Reglamento para modificar varios artículos con el objetivo de ampliar el uso del catalán, el occitano, el euskera y el gallego.

Lo que plantean desde ERC y estas formaciones es que no sea necesario acompañar el texto en castellano en los escritos presentados ante la Cámara Alta, o que los senadores puedan utilizar las lenguas cooficiales en la fórmula para jurar o prometer la Constitución.

Asimismo, quieren que las actas y los documentos de los distintos órganos de la Cámara estén en cualquiera de las lenguas cooficiales, que los grupos también puedan ponerse una denominación en su lengua cooficial, así como utilizar estas lenguas en cualquier debate.