Santórum alardeó de contactos policiales en escuchas llevadas al juicio del MV Karar

El funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, Pablo S.V., que está, junto a su mujer, entre los 28 acusados por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del MV Karar, ha negado en su declaración en el juicio que hubiera tenido relación alguna con ese transporte de drogas o que conociera de algo al considerado cabecilla del grupo, Juan Carlos Santórum que, en unas conversaciones grabadas por los investigadores, presumió de tener contactos policiales.

En esta jornada del juicio, que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, varios de los acusados (Braulio V.V., Sergio F.O., Pablo G.V., Marcos G.V. y José Y. R.G.) se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que otros han respondido solo a preguntas de sus letrados.

Ha sido el caso de el funcionario de Aduanas, que ha negado cualquier relación con el resto de investigados o con el alijo de cocaína, alegando que, como "simple marinero" en una patrullera, no podía acceder a información sobre operativos, objetivos, zonas de vigilancia, etc.

En la vista se han reproducido conversaciones grabadas a Juan Carlos Santórum, a petición del abogado de este funcionario, precisamente para escuchar cómo Santorum y otro de los acusados se referían a funcionarios y policías, pero sin nombrar expresamente a su defendido.

En una de esas conversaciones, entre Santórum y el acusado Braulio V.V., registrada en un vehículo en las horas previas a que se produjera el abordaje del MV Karar, ambos hablan de sus sospechas de que están siendo vigilados y de que pueden surgir problemas. En ese contexto, Santórum afirma que puede "tocar" a alguien en Udyco o en Aduanas, pero advierte de que, "cuanto más se toque, más hay que pagar".

Asimismo, hablan de varios jefes policiales y de quién está al mando, y Santórum insinua que puede "tocar" a alguno de ellos, aunque "hay otro por encima que manda más". "A ese puedo tocarlo", añade, en alusión a una persona identificada como "Bigotes" y que, según el funcionario de Aduanas encausado, puede tratarse del exjefe de GRECO detenido en Vigo a principios de abril e investigado por un juzgado de Murcia por su supuesta vinculación con redes de narcotráfico.

Los tripulantes del MV Karar salen de prisión 

Vista general de la primera jornada del macrojuicio, en Vigo, por el alijo de 3,8 toneladas de cocaina del buque MV Karar. Foto: Adrián Irago-EP

Por otra parte, los 14 tripulantes del MV Karar salen este miércoles de la prisión de A Lama, al expirar el plazo máximo de 4 años de prisión preventiva. Estos acusados, 9 de Nepal y 5 de Bangladesh, fueron detenidos a bordo del Karar el 25 abril de 2020, cuando el barco fue abordado por efectivos de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Armada.

A bordo viajaba también un gallego, José Manuel B.G., que está en libertad provisional, y que viajaba a bordo del Karar con la finalidad de llevar el recuento de los fardos de droga, según él mismo ha reconocido.

Tras llegar a tierra ingresaron en prisión provisional, situación que se prorrogó hasta este miércoles. Precisamente estos días se está celebrando en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el juicio por este transporte de droga y estos tripulantes han sido los primeros en declarar.

Todos ellos han reconocido los hechos y han admitido que, cuando el Karar salió de Panamá, a finales de marzo de 2020, ya sabían que iban a recoger un cargamento de cocaína (como así sucedió, a principios de abril frente a las costas de Colombia) y que su destino final era Vigo, tras alijar la droga.

Este miércoles salen de la cárcel esos 14 tripulantes, aunque la Audiencia ha determinado que deberán comparecer quincenalmente en sede judicial y se les ha retirado el pasaporte; además, el próximo 14 de mayo deberán presentarse en la Ciudad de la Justicia, para la continuación del juicio.

Los servicios sociales han intentando buscar alojamiento para estas personas que no tienen contactos familiares en Galicia ni ninguna red de apoyo más allá de esos servicios sociales de prisión. Sus propios letrados tratan de buscar una solución ya que, por motivos religiosos, han rechazado las opciones de alojamiento que podían ofrecerles instituciones gestionadas por órdenes religiosas católicas. A esto se añade la barrera del idioma ya que, salvo uno de ellos, que tiene algunos conocimientos de español, el resto solo se comunican en sus lenguas o en inglés.