SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) –
La Xunta de Galicia ha denunciado lo que ha calificado de "contradicciones" del Gobierno central sobre el informe del Plan Especial de Cambados, por lo que ha solicitado una rectificación que "garantice el futuro de las instalaciones asentadas en el puerto".
En un comunicado han manifestado sentirse "perplejos" ante las declaraciones de la directora general de Costa y Mar del Ejecutivo, "que contradicen por completo el informe emitido por el mismo departamento" en relación plan especial para el puerto de Cambados.
La Xunta ha recordado que el dictamen estatal "cuestiona la continuidad" de las instalaciones en terrenos del puerto de Tragove "al concluir con rotundidad" que pueden localizarse fuera del dominio público marítimo-terrestre.
Acusan a este respecto al Ministerio para la Transición Ecológica de querer "invadir competencias exclusivas de Galicia", ya que en su informe "pretenden aplicar la Ley de Costas en los terrenos portuarios al considerarlos dominio público marítimo-terrestre", lo que la Xunta remarca que va en contra de la Lei de Portos de Galicia, del Estatuto de Autonomía y de la propia Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP).
Más concretamente, respecto a las depuradoras, afirma expresamente en base a la ley de costas, que estas instalaciones "pueden tener otro emplazamiento y no podrían estar en zona de costas".
"Deben salir de la zona portuaria"
También en esta línea y con la misma base, el informe entiende que "deben salir de la zona portuaria" instalaciones como la plaza de abastos, el centro de salud o la estación de autobuses "al no constituir usos necesarios para la actividad portuaria, comercial o de restauración".
Esto, remarca la Xunta, confirma lo que han advertido junto a representantes de la cadena mar-industria en relación a las interpretaciones que hace el Miteco, "que generan inseguridad jurídica en el sector y ponen en duda el desarrollo de actividades tradicionalmente presentes en los puertos".
Concluye la administración autonómica asegurando que se trata de un asunto de "extrema gravedad", ya que apuntan hacia una posible repetición del problema en muchos de los 122 puertos autonómicos, "lo que dejaría en el aire la continuidad de numerosas instalaciones del complejo mar-industria, de edificaciones de carácter social o incluso de inmuebles de instituciones dependientes de la Xunta o de la Administración Xeral do Estado".