OURENSE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el próximo martes a ocho personas integrantes de una banda organizada que se dedicaba a fabricar cigarrillos de tabaco ilegalmente en dos naves de Ourense y Pontevedra empleando para ello extranjeros en situación irregular que eran retenidos sin documentación ni teléfono móvil y trabajaban "a destajo".

En concreto, el procedimiento se sigue contra 10 personas, de las que dos están en busca y captura. Los acusados son de distintas nacionalidades –rumanos, ucranianos, un moldavo y un portugués–, que están acusados de un delito de pertenencia a organización criminal, un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la hacienda pública.

Según recoge el escrito, el cabecilla de la banda, que se encuentra en busca y captura, puesto de común acuerdo con otros cuatro procesados, pusieron en marcha una organización "estructurada y permanente en el tiempo", con ramificaciones internacionales, para fabricar cigarrillos fuera de la normativa vigente.

Extranjeros retenidos que trabajaban "a destajo"

Para ello, empleaban "mano de obra no regularizada", extranjeros que habían llegado a España sin saber su destino y que eran retenidos tanto en pisos como en las propias naves de fabricación, donde dormían, sin posibilidad de comunicarse con el exterior y con trabajo "a destajo", recoge el escrito de acusación fiscal.

El tabaco, una vez fabricado, se enviaba en camiones para su venta al extranjero y, de hecho, la organización camuflaba su actividad irregular bajo la apariencia de una empresa de transportes.

El cabecilla de la banda se estableció en Ourense y, en febrero de 2020, adquirió una nave industrial en Cambeo, en el municipio de Coles, "con la intención de montar una estructura estable para la fabricación y distribución de grandes cantidades de tabaco de forma secreta y fuera de las condiciones legales imperativas para ello". Con el mismo objetivo, se hicieron también con una nave en Oliveira, Ponteareas, y adquirieron maquinaria y colchones para los trabajadores.

Los otros acusados, que también trabajaban en las fábricas, tenían como objetivo controlar los traslados del material y vigilar a los extranjeros que allí trabajaban, privándoles de sus teléfonos móviles.

Para cuatro de los acusados que comparecerán en el juicio, Fiscalía pide una pena de 11 años de prisión y multa, mientras que para otros cuatro pide siete años de cárcel y multa. A mayores, deberán abonar conjunta y solidariamente a la hacienda pública la cantidad que se considera defraudada, que se acerca a los 12 millones de euros.