Los allegados de Déborah Fernández, la joven que desapareció en Vigo en 2002 cuando salió a correr por la playa de Samil y cuyo cadáver fue encontrado desnudo una semana después en una cuneta del municipio de O Rosal (a 40 kilómetros de distancia), han hecho público un comunicado en el que trasladan que la semana que viene se producirá una nueva ronda de declaraciones en los juzgados de Tui tras haber estimado la Audiencia de Pontevedra diferentes recursos diferentes recursos de los abogados de la familia Fernández-Cervera.

Este avance en la investigación ha sido bien acogido por la familia y se produce tras las resoluciones de la titular del juzgado tudense en las que de modo reiterado denegaba pruebas testificales propuestas, una denegación de pruebas "que también provenía de la Fiscalía", según ha denunciado el entorno de Déborah. En el comunicado, los allegados de la viguesa detallan que "frente al reiterado argumento de la instructora y de la Fiscalía de no aceptar declaraciones de testigos que “ya lo habían hecho en sede policial”, la Sala señala que ese argumento “no puede estimarse"".

Imposibilidad de volcar el disco duro

En este contexto, también se ha producido un nuevo malestar de los letrados de la familia porque el Servicio de Ingeniería de la Guardia Civil informó de la imposibilidad de proceder al volcado del disco duro. Todo ello tras haber decidido la Magistrada el envío del disco a dicho organismo tras el intento fallido de volcado en las instalaciones del Juzgado en septiembre de 2020.

Tras aquel intento, los letrados pidieron que se les entregase el disco para intentar el volcado por el Equipo pericial por ellos designados, pero no accedió a ello la instructora  y decidió enviarlo a Madrid. Tras cerca de cinco meses esperando, los responsables de esta tarea informaron de que “no se puede extraer información alguna”. Un contratiempo que motivó que en un escrito con fecha del 4 de marzo, se solicitara nuevamente la entrega del disco duro a la familia.

"Sorpresivamente la instructora volvió a dirigirse a la Guardia Civil para conocer las “distintas alternativas para el estudio del disco duro”, a lo que respondieron dando los datos de tres empresas privadas “especializadas en el ámbito forense digital, ya que estas empresas disponen de laboratorios dedicados a reconstrucción de discos duros con más herramientas y componentes específicos para estos fines”, concreta la familia en un comunicado. Al mismo tiempo, critican que se haya obviado su petición realizada el pasado 17 de septiembre de que se les entregase el disco duro para que fuera examinado por Lazarus Tecnológic, la empresa seleccionada por la familia y que colaboró con la Guardia Civil en casos como el de Diana Quer.

De ahí que en un escrito del 16 de marzo, la familia de Déborah haya mostrado la absoluta disconformidad con lo ocurrido volviendo a pedir que se les entregue el disco duro para que sea Lazarus Tecnologic quien  procedan a su examen "lo antes posible, pues el tiempo es un facto decisivo en esta causa". El caso está a un año de prescribir y aunque se cerró, en noviembre de 2019 el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) acordó su reapertura para proceder a la práctica de nuevas actuaciones.

Exhumación del cuerpo

Por último, la familia hace hincapié en el comunicado en que "a día de hoy ni Fiscalía ni instructora se han manifestado acerca de la petición de exhumación del cuerpo de Déborah, ni sobre el  Informe Médico Legal Pericial". Un documento, que explican que "excluye que la causa de la muerte haya sido por “muerte súbita”, porque además existían en el cuerpo de Déborah diferentes lesiones de defensa".

"Estamos ante una muerte violenta de etiología médico-legal homicida". Necesitamos se empleen todos los recursos posibles para poder conseguir justicia para Déborah", concluyen.