VIGO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía pide 11 meses y medio de prisión para tres acusados de falsear supuestamente un contrato privado de préstamo: el hombre que pidió el dinero; un amigo suyo, que se lo prestó; y la hija de este, que elaboró el supuesto contrato. Además, también les atribuye un delito de estafa procesal ya que usaron ese supuesto contrato para reclamar por vía judicial el cobro del préstamo, iniciando un proceso de embargo del piso en el que vivía la exmujer del deudor.

Así, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este lunes el juicio contra Manuel G.C., Serafín M.G. y su hija Cristina M.Q., a los que el ministerio público acusa de los delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal. Para cada uno de ellos pide 11 meses y medio de prisión, y multa de 9.540 euros.

Mientras, la acusación particular, que ejerce la exmujer de Manuel, les atribuye los mismos delitos y pide para cada uno de ellos 6 años y 3 meses de cárcel, y multa de 5.400 euros. Alternativamente, pide los delitos de falsedad de uso en documento privado (y pide 1 año de prisión para cada uno) o delito de contrato simulado (con la petición de 2 años de cárcel), ambos en concurso con un delito de estafa procesal.

En la vista celebrada este lunes, los acusados han defendido su inocencia, y han asegurado que ese contrato de préstamo existe, que fue redactado por Cristina M.Q. Así, ha señalado que, de hecho, Serafín llegó a entregar los 50.000 euros (en varias veces, en metálico) a su amigo Manuel, en verano de 2006, cuando se separó de su mujer y abandonó el domicilio familiar.

Embargo del piso

En 2014, y viendo que no iba a poder devolverle el préstamo, Manuel instó a Serafín a que iniciara un procedimiento monitorio en los juzgados para recuperar ese dinero, de manera que se activase el embargo del piso en el que vivía su exmujer, y que formaba parte de los bienes gananciales.

La Fiscalía y la acusación particular han cuestionado no solo la existencia del documento de préstamo, cuyo original nunca apareció y del que solo se hizo pública una copia compulsada en el Ayuntamiento de Vigo (de la que el propio Ayuntamiento duda de su veracidad), sino que han expresado sus dudas de que Manuel necesitase pedir 50.000 euros a un amigo, ya que trabajaba como alto cargo en una constructora, tenía un sueldo de más de 100.000 euros al año y un "nivel de vida altísimo".

"Estaba empeñado en que se embargase ese piso (…) y no tiene sentido vender un piso tasado en 600.000 euros para saldar una deuda de 50.000 euros", ha apuntado el Fiscal, que también ha recordado que Manuel nunca reflejó ese supuesto préstamo en el inventario de bienes gananciales.

Asimismo, las acusaciones han apuntado que Manuel tenía una manifiesta mala relación con su exmujer, como reflejan los numerosos procedimientos judiciales y denuncias interpuestas contra ella.

Préstamo para "empezar de cero"

Por su parte, Manuel G.C., que ha ejercido su propia defensa, ha explicado que, pese a tener patrimonio y un salario, no tenía liquidez cuando se separó de su mujer, y pidió 50.000 euros a Serafín, amigo desde hacía 30 años, para "empezar de cero".

El motivo por el que, ocho años después de recibir ese supuesto préstamo, pidió a su acreedor que iniciase los trámites para cobrarse la deuda fue "evitar un pleito" a su hijo, que tenía el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio. De hecho, ha incidido, la subasta o venta del piso familiar no suspendería ese derecho de uso, independientemente de quién fuese el nuevo propietario del inmueble.

Este acusado, que también reconoció que no quería perder su "nivel de vida altísimo", ha señalado que, de los 50.000 euros que debía a Serafín, pudo devolverle 30.000 euros tras cobrar una indemnización por despido.

"Le devolví el favor y volvería a prestárselos"

Mientras, Serafín M.G. ha reconocido que prestó los 50.000 euros a su amigo, "porque los necesitaba" y porque Manuel también le había ayudado a él y a su empresa. "Yo sé lo que es estar sin dinero, y le devolví el favor porque él también me ayudó. Y volvería a prestárselos", ha proclamado ante el tribunal.

Asimismo, ha apuntado que el préstamo se documentó porque así se lo recomendó su hija, licenciada en Derecho, y que él nunca tuvo intención de emprender acciones judiciales para cobrar la deuda, sino que fue el propio Manuel el que se lo pidió "para evitarle problemas a su hijo".

Finalmente, su hija Cristina ha defendido que el documento de préstamo, redactado por ella misma, se firmó por parte de Manuel y su padre, con ella misma como testigo y otro hombre, ya fallecido, y que dos días después fue a compulsarlo al Ayuntamiento de Vigo. "Si fuera por mi padre no se habría hecho, pero yo entonces no conocía a su amigo, y quise que se hiciera para salvaguardar el interés de mi padre", ha explicado.

Según ha indicado, ella siempre custodió el contrato, aunque ha admitido que extravió el original, y aportó copia en el 2014 para activar el procedimiento monitorio ya que Manuel les había confirmado que no podría devolver los 50.000 euros. Con todo, cuando se inició el proceso de embargo del piso, ha matizado, su padre "se enfadó" y modificaron los trámites para que, en lugar de la vivienda, se embargase una parte de la nómina de Manuel.