La Xunta de Goberno Local del Concello de Vigo ha dado luz verde al proyecto modificado número 2 de las obras de remodelación del enlace de la AP-9 con el centro de la ciudad, conectando la autopista con la estación intermodal (Vialia) y el túnel de Lepanto. El importe total es de 2.118.829 euros, un sobrecoste derivado de las complicaciones que surgieron en las actuaciones por la aparición de "tierras contaminadas que no estaban previstas".

Según explican fuentes municipales, se informará del acuerdo a la comisión de seguimiento del convenio firmado entre Ayuntamiento, Xunta y Adif para la realización de los accesos al complejo intermodal y las obras complementarias. "Las tres administraciones implicadas aprobaron la ‘addenda’ al convenio que recoge la nueva inversión", matizan.

"La necesidad de abordar la gestión de los residuos y los ajustes derivados de la ejecución de los trabajos generaron nuevos gastos por causas sobrevenidas objetivas, como quedó acreditado en los informes jurídicos emitidos por Adif a requerimiento del Ayuntamiento de Vigo", agregan desde el gobierno local; asimismo, apuntan que se elaboró otro informe jurídico que avala la continuidad del contrato y que "para aumentar la garantía jurídica" se contrató a Tomás Ramón Fernández, especialista en Derecho Administrativo, quien emitió en diciembre de 2023 un dictamen "que avaló las tesis municipales".

Defensa de su legalidad

Tal y como expone Europa Press, el proyecto para realizar las conexiones del complejo Vialia con la AP-9 se adjudicó por parte del gobierno vigués en octubre de 2019 a la UTE Acciona-Narom por 9,2 millones de euros. En julio de 2021 se aprobó una primera modificación, que rebajó muy ligeramente el precio.

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, la dirección de la obra solicitó una segunda modificación del proyecto tras la aparición de tierras contaminadas en el subsuelo, lo que supuso un encarecimiento de unos 2 millones de euros con respecto al presupuesto inicial (casi un 23 %).

El Consello Consultivo dictó un informe desfavorable en el que, entre otras cuestiones, reprochaba al Ayuntamiento que no suspendiera temporalmente las obras antes de solicitar su dictamen o que el incremento del precio del contrato fue abonado a la UTE "a pesar de carecer de cobertura legal", porque la modificación no estaba aprobada, "incurriéndose por tanto en una ilegalidad manifiesta".

Los servicios jurídicos municipales han expresado su disconformidad con ese informe del Consello Consultivo, al que atribuyen una errónea interpretación de la norma con respecto a las condiciones de suspensión temporal de las obras. Asimismo, estos técnicos del Ayuntamiento defienden la necesidad de concluir las obras por los perjuicios que causa que no estén rematados esos accesos, tanto para el funcionamiento del propio complejo intermodal, como para el tráfico de las inmediaciones.

Además, sostienen que la modificación del proyecto deriva de una situación que no se podía prever (la aparición de tierras contaminadas) y que, en cualquier caso, la redacción del mismo corrió a cargo de Adif.