La Diputación de Pontevedra confirma la puesta en marcha en el año 2023 de un programa propio de Política Activa de Empleo que garantiza a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes la posibilidad de financiar la contratación de personal municipal, convirtiéndose en una de las pocas instituciones provinciales de España que cuentan con este programa.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial se adapta a la nueva reforma laboral, que acaba con los contratos por obra o servicio determinado. De este modo, desarrollará en 2023 su propio Programa de Política Activa de Empleo, dotado con 9,5 millones de euros, para que los ayuntamientos pidan realizar contratos al amparo de lo dispuesto en la nueva disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley de Empleo: esta norma establece que las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro podrán realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de programas de activación para el empleo, cuya duración no podrá exceder de doce meses.

La norma también señala que para que desarrollen el sus propios programas de políticas activas de empleo se requerirá informe previo y favorable del servicio público de empleo correspondiente, en el caso de la Diputación el de la Xunta de Galicia. Por ende, la Diputación remitió a la Consellería de Promoción del Empleo la autorización para poder poner en marcha este plan de empleo y con fecha 1 de agosto llegó el informe favorable a la institución provincial. Así, la Consellería, al bies de la Secretaría General de Apoyo al Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social, concluye con que "no existe incompatibilidad con el Programa de Activación de Empleo 2023 de la Diputación de Pontevedra, por tratarse de una medida municipal del fomento del empleo, complementaria a las establecidas por la Xunta de Galicia".

De esta forma, la Diputación de Pontevedra es de las primeras administraciones provinciales en poner en marcha un nuevo plan de empleo que va a garantizar que los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes puedan contratar a personas desempleadas de sus municipios para la realización de obras y servicios.