La secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, ha participado esta mañana en Vigo junto a la secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, en la II Mesa de la ciencia pesquera, un encuentro que trata de hacer un seguimiento de los diferentes proyectos puestos en marcha gracias a líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para promover la innovación y el crecimiento azul en el sector pesquero.

Las representantes del Gobierno central han destacado el compromiso del Gobierno con el desarrollo tecnológico y la innovación, para garantizar la sostenibilidad y competitividad de esta industria. Artime, ha destacado la importancia de este "grupo de trabajo permanente y consultivo que proporcionará asesoramiento sobre política pesquera y que actuará como vehículo para la participación de la sociedad civil".

En este sentido, ha remarcado durante su intervención el "refuerzo el nexo entre ciencia y política pesquera", por lo que es una herramienta "de una enorme utilidad en favor de los intereses del sector pesquero", que parten de dos premisas fundamentales: "mantener, por un lado, mares y océanos saludables y productivos y, por otro, asegurar una actividad pesquera rentable y sostenible para el futuro", ha destacado.

Por su parte, Yotti ha puesto de manifiesto el papel tan relevante que tiene la ciencia en diferentes sectores y la posibilidad de poder trasladar los resultados de proyectos de investigación al sector productivo.

Los planes de la UE para el arrastre, sin vinculación jurídica

Según ha informado Europa Press, Artime ha recordado, a preguntas de los periodistas antes de su intervención, que el plan de acción planteado por la UE para la pesca de arrastre es un documento que, por ahora, "no tiene vinculación jurídica directa". "Habrá más debates", ha confirmado al respecto.

Artime ha señalado que en la última reunión del Consejo de Ministros se debatieron 4 comunicaciones, entre ellas el plan de acción para el arrastre y "ahí quedó clara la posición de los 27 estados miembros" y la "necesidad de hacer un análisis más sosegado, con estudios biológicos y de impacto socioeconómico".