Este viernes 4 de agosto las tres asociaciones empresariales Asime, Atra e Instalectra y los sindicatos CIG y UGT han firmado el convenio colectivo del sector metal para empresas sin convenio propio de la provincia de Pontevedra. Se cierra de este modo un capítulo de más de un año de protestas, manifestaciones violentas y largas negociaciones que han provocado una profunda preocupación en todos los sectores.

El convenio firmado tendrá vigencia de tres años, desde el pasado 1 de enero de 2023 hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, y contará con un incremento salarial de un 3% anual (un 9% en total), además de la subida de hasta el 2% adicional si el IPC se sitúa por encima de la subida acordada. La jornada laboral anual se reducirá en 16 horas (8 horas en 2024 y 8 horas en 2025) y se sumará un día de vacaciones, hasta los 23 días hábiles.

Por otro lado, se ha acordado que las contrataciones que se hagan por picos de trabajo puntuales, "conforme a la modalidad de contrato por circunstancias de la producción que contempla la reforma laboral", tendrán una duración de hasta 12 meses, no de 6 como hasta la fecha. Asimismo, otra de las medidas "encaminadas a hacer un sector más atractivo y paliar la falta de trabajadores" es el compromiso de ambas partes a establecer un umbral salarial en los contratos formativos, que será de lo correspondiente al SMI para los de obtención de la práctica profesional y del SMI +10% en el segundo año para los de formación en alternancia o FP dual.

Las patronales manifiestan que "después de tanto sufrimiento y de los conflictos que han sucedido durante los días de huelga, finalmente se ha llegado a un buen acuerdo para trabajadores y empresarios", aunque destacan que para la parte empresarial "el mayor valor en la negociación colectiva siempre es esa paz social y diálogo tranquilo, una calma imprescindible para poder ser competitivos en un entorno como el actual".

Desde la parte empresarial insisten en que "este es un acuerdo garantista con el que ganan todas las partes".