El Tribunal Supremo ha hecho pública este miércoles la sentencia completa de la aprobación de la prórroga de la biofábrica de Ence en Lourizán (Pontevedra), abriendo una nueva vía de debate sobre la permanencia de la planta en la ría de Pontevedra. En ella se refleja el fallo que ya se conocía y que garantizaba la continuidad de la planta en Lourizán, al estimar que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988 "siempre que consten informes medioambientales favorables" y en el asunto analizado, remarca, "constaban informes favorables de la Administración en esa materia".

No obstante, en el mismo texto, se puede leer el voto particular, que afirma que la prórroga de la concesión "va a acabar produciendo un sistema transitorio de un siglo de duración, con el impacto potencialmente irreversible sobre estos ecosistemas tan delicados" y "puede hacer irreversible el daño causado" al dominio público marítimo terrestre de Lourizán. La magistrada Ángeles Huet de Sande, la única que votó en contra de la permanencia de Ence en Pontevedra, asegura que la biofábrica impide "la conservación y la sostenibilidad" del ecosistema de la ría, "generando enormes costes a largo plazo en su rehabilitación o restauración". Estas "razones" entiende la magistrada que son "más que suficientes para ser tenidas en cuenta" en la interpretación, que propone "en armonización de los diversos valores y bienes constitucionales en juego".

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha celebrado el texto del Supremo y ha advertido que "se abren nuevas posibilidades y se confirman las tesis del Concello", cuyos servicios jurídicos ya estudian presentar un nuevo recurso. "Me reafirmo en que el fallo del Supremo es un fracaso del Estado de derecho porque significa cargarse la Ley de Costas y la posibilidad de proteger el litoral de Pontevedra", insistía Lores.

Con tal motivo, ha querido "transmitir a todos los ciudadanos pontevedreses, que en su mayoría desean recuperar la ría, que mantengan la confianza y que sepan que el Concello va a seguir luchando por todas las vías posibles para recuperar la ría: tenemos derecho a reubicar las industrias que están en dominio público". No obstante, no ha querido dar más detalles por el momento, puesto que la sentencia acaba de hacerse pública y todavía desconoce cómo y con qué argumentos podrán recurrirla.

Ence celebra la "sentencia firme" del Supremo

La empresa, por su parte, ha celebrado de nuevo la sentencia del Supremo, que avala la validez de la prórroga de la concesión de Ence y declara "sin valor ni efecto alguno" la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2021. "La decisión del Supremo desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la prórroga de la concesión y confirma que la resolución por la que se concedió dicha prórroga se ajusta al ordenamiento jurídico", sentando jurisprudencia con "una sentencia firme".

Al mismo tiempo, la sentencia se pronuncia sobre la cuestión del allanamiento de la Abogacía del Estado, cuestión planteada por la propia empresa en su recurso de casación. "En este sentido, el Tribunal asevera que, tras el allanamiento, la Abogacía del Estado no estaba legitimada para seguir interviniendo en el procedimiento judicial, actuando además como parte demandante, ya que esto es contrario a la normativa procesal que regula la figura del allanamiento y la propia naturaleza del mismo".

Ence insiste en que "el proceso judicial por el que se ha validado la prórroga (…) dirime una cuestión de naturaleza jurídico-administrativa, en ningún caso medioambiental, en contra de lo que los demandantes han intentado transmitir fuera el proceso judicial". Añaden que la biofábrica "cumple holgadamente con toda la normativa vigente y cuenta con reconocimientos medioambientales".

Como ya manifestó hace un mes la compañía, tras conocer el sentido de la decisión del Supremo, la sentencia "despeja la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y de las 5.100 familias vinculadas a su actividad", además de aportar a la compañía "la seguridad necesaria para acometer sus planes de futuro en esta biofábrica y en el resto del grupo".

La compañía, por último, ha asegurado en el mismo comunicado que "va a entablar un diálogo abierto con la sociedad con la que convive y, en línea con su sólido compromiso con la comunidad, va a reactivar inmediatamente el Plan Social Pontevedra", iniciativa que la Xunta ha pedido en varias ocasiones que se retome de inmediato.

La Xunta aplaude la sentencia

También la Xunta de Galicia celebró hoy que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prórroga extraordinaria de Ence para permanecer en la ría de Pontevedra "le dé la razón al Gobierno gallego en sus argumentos en contra de la última modificación del Reglamento general de espaldas" y avale "de manera inequívoca" la postura que siempre defendió sobre las prórrogas de las concesiones en el litoral anteriores al año 1988.

En respuesta a una pregunta en el Parlamento sobre los efectos de esta decisión en el recurso presentado por la Xunta contra la referida reforma del reglamento, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, incidió en que el Supremo "descarta sin lugar a dudas que se pueda negar el derecho a prórroga" en el caso de títulos otorgados en el dominio público marítimo terrestre (DPMT) antes de esa fecha.

"Llevamos tres años de ataques continuos a los 82 ayuntamientos gallegos del litoral, de ataques continuos a los 2.500 kilómetros de costa, de ataque social, político, medioambiental y por supuesto, también económico", declaró la conselleira, que se felicitó por el hecho de que la sentencia —cuyo fallo se conoció el pasado 7 de febrero pero que no se hizo pública hasta hoy— le da la razón a la Xunta "absolutamente en todo".