El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha asegurado este miércoles que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ence al Tribunal Constitucional. Tras conocerse ayer que el TS desestimaba el recurso de nulidad presentado también por el Concello, Lores ha insistido en que agotará "todas as vías xudiciais" para tratar de recuperar la ría de Pontevedra.

De este modo, agradeciendo al Supremo la agilidad con la que ha estudiado el recurso presentado por el Concello, el regidor ha anunciado que, "unha vez esgotada a vía da nulidade, agora presentaremos recurso ante o Constitucional, que estamos xa preparando para presentar o antes posible". En el caso de que no haya respuesta positiva del Constitucional, esgrime, "temos que esgotar a vía xudicial no Estado e despois queda aberta a vía xudicial na Unión Europea: temos todo o dereito do mundo a recuperar o dominio marítimo-terrestre dunha concesión que non debeu facerse nunca".

Lores ha explicado que los trámites para llevar a cabo este nuevo recurso ya se han puesto en marcha, puesto que "é importante recuperar a ría o antes posible". Además, ha insistido en que, "mentres eu sexa alcalde, este Concello non vai deixar de loitar".

La Xunta pide al alcalde de Pontevedra "que cese en esa inquina" con Ence

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha pedido al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, "que cese en esa inquina" en contra de la continuidad de la fábrica de Ence en Lourizán, junto a la ría, porque "ya hablaron los tribunales".

Así se ha pronunciado este miércoles Vázquez en Vigo a preguntas de los periodistas después de que Lores haya anunciado que acudirá al Constitucional para recurrir la sentencia de Ence. Este martes trascendió que el Tribunal Supremo rechaza los incidentes de nulidad contra el fallo que avala la prórroga de la factoría en su actual ubicación.

"La verdad es que una vez más hay un rechazo y lo que pediría al Ayuntamiento de Pontevedra es que cese en esa inquina, porque ya hablaron los tribunales, ya se rechazaron los recursos y por lo tanto al final la Xunta en su día concluyó que el cumplimiento de la ley suponía que tenía unos derechos adquiridos Ence", ha respondido.

En esta línea, ha apuntado a "que estaba instalada desde antes de 1988 y que por tanto tenía derecho a una prórroga de 75 años, siempre y cuando los informes de carácter medioambiental fueran favorables y así sucedió".