Instalaciones de Grupo Copo en Mos (Pontevedra).

Instalaciones de Grupo Copo en Mos (Pontevedra). google maps

Empresas

Los comuneros de Mos acuerdan mantener el precio del contrato acordado con Copo

Subrayan, por contra, que para ellos esta decisión representa un "esfuerzo enorme" porque el precio del actual contrato está "moi por debaixo do mercado"

22 septiembre, 2023 19:07

Esta semana se ha conocido la intención de la fábrica de piezas de automoción gallega Grupo Copo de explorar una posible marcha a Portugal por no estar de acuerdo con la subida del canon que planteaba la Comunidad de Montes de Tameiga. Según informó la propia alcaldesa de Mos -y recogió este jueves Europa Press-, Nidia Arévalo, los comuneros planteaban, según la citada fuente, aumentar quince veces el canon, que pasaría de 40.000 a 800.000 euros anuales.

Sin embargo, la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tameiga (Mos), entidad sin ánimo de lucro que aglutina a más de 400 familias y que puso a disposición de la empresa una superficie de 37.000 metros cuadrados en el polígono de Monte Faquiña, mostró este viernes su intención de "rubricar un novo contrato con Copo mantendo o mesmo prezo: un 6% do valor da parcela -nunca podrá ser inferior a este porcentaje según el acuerdo alcanzado hace 50 años-". En este extremo, César Lago, presidente de la entidad vecinal, puso de manifiesto el "esforzo enorme" que supone mantener el precio del actual contrato, "que está moi por debaixo do valor do mercado" y que "posiblemente sexa menos da metade das cifras que se están a publicar estes días nos medios de comunicación".

El objetivo de todo lo anterior es que Copo se mantenga en Mos y, por ello, los comuneros están dispuestos a reunirse con la empresa "todas as veces que faga falta". Precisamente, y tal y como ellos mismos aseguraron, este viernes se produjo un encuentro, solicitado por la empresa, entre responsables de Tameiga y de Copo. Según los comuneros, los tribunales rechazaron la pretensión de la firma de prorrogar su contrato actual -que terminará en el 2025- o, en su defecto, que los juzgados limitasen la actualización del canon económico a un 10% durante el mismo periodo.