Tras lograr el apoyo unánime de la corporación municipal, el PSOE de Pontevedra ha conseguido que el Concello inicie los trámites para declarar la ciudad como "zona de mercado residencial tensionado". Esta medida forma parte de una estrategia del Partido Socialista para regular los "descontrolados precios del alquiler" presentando mociones en todos los ayuntamientos de España para obligar al Partido Popular a establecer límites.
El pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este índice, aunque de momento solo se aplicará en 140 municipios de Cataluña, de modo que los socialistas llevan a cabo esta medida para que otros ayuntamientos se sumen. Así lo indicó este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la calle Ferraz. En su intervención, recogida por Europa Press, subrayó que se trata de una herramienta a disposición de los ciudadanos "pero también de las administraciones públicas que quieran intervenir en zonas tensionadas", donde es "imposible" acceder a una vivienda por los precios "desorbitados" que se dan.
"Al fijar por ley estos índices máximos y mínimos y hacerlo de manera pública, lo que queremos es evitar esa especulación que se produce en muchas ciudades y que está provocando que en muchas ocasiones más del 40% del salario de los trabajadores se destine a alquiler", ha señalado. De este modo buscan que los jóvenes puedan acceder a una vivienda e iniciar un proyecto de vida de forma independiente y que los trabajadores no tengan que dejarse buena parte de su sueldo en el alquiler.
La portavoz del PSOE ha remarcado que no es una medida "contra propietarios" pues considera que unos precios "asequibles", dentro de la lógica de mercado, que no se salga de los sueldos que se cobran en España "son beneficiosos para todos" porque reducirán los impagos. En este sentido ha recriminado que el PP se oponga a esta medida "sin ofrecer más opciones" y le ha pedido que cumpla la ley y aplique este índice para aliviar así la situación económica de muchas familias.
Pontevedra, pionera en la solicitud
Este lunes la corporación municipal de Pontevedra ha celebrado el pleno ordinario del mes de marzo, en el que BNG y PSOE han aprobado una propuesta de los socialistas para instar al gobierno local a iniciar los trámites para que la Boa Vila sea declarada zona de mercado residencial tensionado, abriendo así la posibilidad de que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) pueda limitar los precios del alquiler.
La iniciativa, firmada e inscrita por el portavoz socialista, Iván Puentes, y el concejal Manuel Fariña, pretende así contribuir a atajar "el grave problema de acceso a la vivienda que padece nuestra ciudad desde hace tiempo, con un descontrolado incremento de los precios, tanto en el caso de la compra como del alquiler".
"Pontevedra es, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la urbe gallega con menos oferta de vivienda en alquiler y la tercera con los alquileres más caros de Galicia, con un precio medio que se sitúa ya en los 852 euros mensuales". También señalaba en una intervención la pasada semana que es "la capital gallega en la que más subió la vivienda usada en 2023, un problema a lo que tampoco escapa la vivienda nueva, que subió en Pontevedra hasta cuatro veces más que la media gallega en el pasado año, ni tan siquiera a cada vez más recurrente fórmula de compartir piso, un 52% más caro hoy que hace ocho años (Diario de Pontevedra y Fotocasa)".
Según recoge la moción impulsada por los socialistas, el Instituto Galego da Vivenda e Solo, como administración competente en materia de vivienda, "podrá declarar la zona solicitada como zona residencial tensionada, después de comprobar la integridad y la suficiencia de la solicitud y la documentación aportada por el Concello y, una vez valoradas las circunstancias concurrentes, especialmente la incidencia de la declaración en la política autonómica de vivienda". Su resolución motivada se comunicará a la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se notificará al ayuntamiento interesado, que en el plazo de dos meses deberá aprobar el plan específico que contenga las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados, así como el calendario de desarrollo de las mismas.