VIGO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha remitido sendos testimonios de particulares para que el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal investiguen las prácticas por las que el Ayuntamiento de O Porriño presuntamente "durante un periodo prolongado de tiempo ha actuado o está actuando al margen del Derecho en la materia de contratación".
Así lo traslada en dos sentencias, emitidas tras las reclamaciones presentadas por tres empresas ante supuestos impagos –de importes de 352.000 y 85.600 euros— por diversas facturas giradas en los años 2017 y 2018 por los servicios prestados sin contrato consistentes en limpieza y desbroces de viales.
De acuerdo con las resoluciones judiciales, dos de las empresas adujeron que realizaron estas labores desde 2016, de lo que "se deduce que habrán cobrado más de un millón de euros por los servicios prestados, adjudicados de manera verbal, sin ningún tipo de licitación". De igual forma, la tercera empresa manifestó haber trabajado para el Ayuntamiento entre julio de 2016 y julio de 2017 y haber cobrado un total de 278.000 euros.
El juzgado mantiene que dichos servicios "solo se podrían haber prestado si se hubiese contratado previamente en la forma legalmente establecida, es decir, con previa consignación presupuestaria, reserva de crédito, etc.; y previa licitación, mediante un procedimiento necesariamente escrito, con aprobación de pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y concurrencia competitiva".
No obstante, a partir del relato de las empresas demandantes, dice, "se deduce que el servicio se le habría adjudicado directamente, de manera verbal, por persona anónima". "En este caso la irregularidad es mucho más grave, porque nunca existió contrato alguno. La entidad reclamante no se sometió a licitación. Tampoco se prefijó el precio, ni el contenido y calidad del servicio a prestar", continúa en ambas sentencias.
Servicios adjudicados "a dedo"
El juzgado desestima los recursos de las empresas demandantes al entender que "sus administradores no podían ignorar que para poder ser contratadas por la Administración para ese servicio era necesario tramitar previamente un procedimiento escrito, con la consiguiente licitación, conforme a los principios de publicidad y concurrencia". Por tanto, continúa, "asumieron el riesgo de prestar el servicio en esas condiciones ilícitas, por las ventajas evidentes que obtendrían".
Es por ello que exime al Concello de abonar las facturas reclamadas en ambos procesos, si bien recalca que de lo alegado por las empresas y la documentación presentada "se constata que sí se abonaron facturas similares, por un importe total elevadísimo, de varios cientos de miles de euros, por servicios adjudicados "a dedo", con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido".
"Esa actuación irregular de la Administración municipal -encargos verbales sin procedimiento- es sumamente grave y merece una mínima reacción fiscalizadora y disciplinaria", recalca el juzgado, que considera que el Ayuntamiento "como mínimo", debió haber abierto una investigación interna para depurar responsabilidades frente a la autoridad o funcionario que promovió esa actuación.
"Al no haberlo hecho, es necesario que la máxima autoridad de control, el Tribunal de Cuentas o incluso la jurisdicción penal, investiguen lo sucedido y exijan esas responsabilidades", apunta el magistrado, que insiste en que lo acontecido "es muy grave, intolerable para una administración pública".
"Lo grave del Ayuntamiento de O Porriño no es que en una ocasión puntual haya actuado de esta manera, sino que lo ha hecho con carácter sistemático y generalizado, en buena parte de los servicios adjudicados a terceros durante un prolongado período de tiempo", ha finalizado.
Causas judiciales
La alcaldesa de O Porriño (Pontevedra), la socialista Eva García de la Torre, junto al que fuera edil de Vías y Obras, Manuel Carrera (del partido UDDL y antes del PP), el exconcejal de Limpieza Orlando Márquez, varios empresarios y dos asesorían figuran como investigados por supuesta prevaricación administrativa.
La investigación se remonta a varios años atrás y, de hecho, se abrieron varios procedimientos por diversas denuncias, entre ellas algunas del PP. Las causas fueron unificadas y se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios como limpieza viaria, desbroces y jardinería, así como otros posibles delitos relacionados con la emisión de facturas por servicios al Ayuntamiento.
En la misma causa se analizan también otros posibles delitos, como falsedad documental o tráfico de influencias (uno de los investigados figuró en las listas del partido UDDL, y también se investiga a su mujer, su hermano y su sobrina).
Por otro lado, a medidados del pasado mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó una sentencia en la que, tras estimar parcialmente un recurso de la Fiscalía, inhabilitaba por 6 meses a la alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, para el ejercicio de la abogacía, y la condenaba a pagar una multa de 1.080 euros por un delito de deslealtad profesional.