La Audiencia avala la prisión provisional en el caso del Colegio de Enfermería pontevedrés

VIGO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) –

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acordado desestimar el recurso interpuesto por el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEPO), Carlos F.G., su mujer y su hija, contra el auto que determinó su ingreso en prisión por presuntas irregularidades en la gestión del organismo, debido al riesgo de que puedan influir en testigos que todavía no han prestado declaración en el juzgado de Instrucción 2 de Vigo, que coordina la investigación.

En la resolución de la Audiencia, se hace constar que los tres investigados tienen arraigo familiar y domicilio conocido en la ciudad por lo que no habría riesgo de fuga o, en todo caso, se podría conjurar con "medidas menos gravosas" que la de prisión provisional. En la misma línea, ha indicado que no hay riesgo de destrucción de pruebas materiales, ya que han sido requisadas en los registros.

No obstante, el tribunal provincial estima que deben continuar en prisión por el riesgo de que puedan influir en testigos que todavía no han declarado en el marco de esta causa, y que son personas vinculadas a Carlos y su familia por "contratos privados o dependencia económica". De hecho, la Audiencia recomienda que esos testigos comparezcan en el juzgado "a la mayor brevedad posible".

El auto de la Audiencia también pone de manifiesto que hay indicios de que se cometieron los delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Investigación

En el marco de este procedimiento, están siendo investigados el presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, su mujer y su hija (los únicos que están en prisión provisional); la tesorera y el ex asesor jurídico de la entidad; y tres personas que harían el papel de testaferros del presidente, figurando al frente de varias empresas.

La investigación se inició tras la denuncia del secretario del Colegio, José Faustino Portela, y destapó supuestas irregularidades en la gestión de las cuotas que cobraba el organismo a los colegiados. De hecho, el Colegio fue condenado en dos ocasiones por el impago del porcentaje correspondiente de esas cuotas al Consejo General de Enfermería de España.

Además de esa situación, también se produjeron supuestamente irregularidades vinculadas con el pago de servicios a empresas ‘fantasma’, tras las cuales estarían el presidente del organismo y sus familiares.

Declaraciones

En la jornada de este lunes han declarado en el juzgado de instrucción número 2 de Vigo el ex asesor jurídico del Colegio y la tesorera, en calidad de investigados. Asimismo, han prestado declaración también dos testigos: una vocal de la Junta de Gobierno y un economista que hizo labores de supervisor y asesor para el Colegio.

Según fuentes consultadas los investigados se han desvinculado de los supuestos delitos, y aseguraron desconocer las irregularidades en la gestión económica. Así, la tesorera del Colegio ha señalado a preguntas de su abogado y del juez (no respondió al resto de las partes) que no participaba en la gestión económica de la entidad, algo de lo que se encargaba el presidente, y que no sospechó que se estuvieran cometiendo irregularidades, ya que las cuentas estaban auditadas.

Por su parte, la vocal de la Junta de Gobierno que declaró como testigo ha incidido en esa línea, y ha asegurado que no tenía conocimiento de que el presidente del Colegio o sus familiares se estuvieran lucrando con la actividad del organismo o desviando dinero. Además, ha precisado, tampoco conocía la existencia de las empresas ni de los testaferros.

El economista que supervisó las cuentas del Colegio, también testigo, ha señalado que detectó supuestas irregularidades y que alertó de que no se hacían las cosas correctamente, y por eso fue despedido hace algo más de un año. Entre las cuestiones que levantaron sus sospechas está el hecho de que una de las empresas ‘fantasma’ manejada por Carlos F.G. y su familia tenía empleados que trabajaban para el Colegio y que le pasaba a la entidad facturas por sus servicios con un 21 por ciento de IVA adicional.