PONTEVEDRA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un jurado popular decidirá sobre la culpabilidad de un sargento de la Guardia Civil que este martes se ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra acusado de los delitos de extorsión y cohecho y que ha declarado su inocencia.

Según ha explicado durante la vista oral, cuando estaba destinado en el puesto fiscal de Tui, a lo largo del año 2015, entabló una relación personal con un empresario del sector del transporte de combustible por carretera.

El hombre ha indicado que conoció al empresario debido a su condición de agente del instituto armado, ya que participaba en controles de inspección de documentación de camiones de transporte de hidrocarburos, entre los que se encontraban los camiones de este empresario.

Según la Fiscalía, el sargento le exigió al empresario, "con ánimo de obtener un indebido beneficio económico", que le regalara un reloj de alta gama marca Baume, "aprovechando que dada la profesión del acusado y sus facultades" el citado empresario "debía atender su solicitud para evitar que el acusado pudiera entorpecer la actividad de su empresa realizando controles e inspecciones a sus camiones".

La acusación particular añade que no sólo fue un reloj, si no que también le regaló un teléfono de alta gama, cajas de botellas de vino, le invitó a comidas en restaurantes caros y le hizo el favor de contratar en su empresa a la mujer de un compañero también guardia civil.

En su declaración, el acusado ha asegurado que el empresario era su confidente, que "las informaciones que daba eran veraces", y que mantenían una "relación de colaboración" aunque, después, se dio cuenta de que con aquellos chivatazos lo que el empresario pretendía era "eliminar a la competencia del sector".

De aquellos soplos derivaron importantes operaciones relacionadas con el fraude del gasóleo y, según el guardia civil, con aquella colaboración la situación financiera del empresario "mejoró sustancialmente".

El acusado admitió que cada vez que salían juntos y paraban a comer era el empresario quien pagaba, admitió lo de la mujer de su compañero pero rechazó que aceptase como regalo un teléfono Iphone, descuentos en el gasóleo para calefacción o botellas de vino.

Respecto al reloj, el acusado explicó que el 16 de diciembre de 2015 acudió junto al empresario a una joyería de la localidad portuguesa de Valença do Miño, donde el empresario adquirió un reloj por un precio de 2.900 euros. Después de estar viendo relojes y regateando durante "una media hora", cuando el empresario rehusó hacer una factura de compra "movido por un sentimiento equivocado de vergüenza", el guardia civil se ofreció a poner sus datos.

Una vez que la compra estaba hecha, el acusado asegura que el empresario le dijo que el reloj era un regalo para él. El sargento regresó dos días después a la citada joyería, devolvió el reloj y se quedó los 2.900 euros que el joyero a su vez le devolvió.

Como prueba de toda esta compra, la Fiscalía aportó la declaración del relojero portugués, la factura a nombre del guardia civil, el ticket de devolución e incluso conversaciones de whatsappp en las que el acusado habla con el empresario sobre los relojes que le gustan. Según el acusado, ese dinero se lo entregó después al empresario, algo que este negó tajantemente.

El empresario lo niega

Durante su declaración, el empresario ha negado ser "confidente de nadie" y ha dicho que, lejos de beneficiarse por su relación con el sargento, perdió "clientes en Tui" debido a que la Guardia Civil "estaba continuamente parando los camiones".

La Fiscalía apunta que el empresario "compelido por el temor fundado a sufrir represalias por parte del acusado" le entregó a éste el reloj como regalo "habida cuenta de su condición de guardia civil y sus competencias en materia de supervisión de la regularidad en el tráfico rodado".

Entiende el Ministerio Público que estos hechos son constitutivos de un delito de extorsión, con la circunstancia agravante de prevalimiento del carácter público del acusado, por el que solicita al tribunal que sea condenado a cuatro años y tres meses de prisión, y la suspensión de empleo y cargo público durante el tiempo de la condena.

Subsidiariamente, la Fiscalía apunta que procede imponer al acusado por el delito de cohecho la pena de un año de prisión, y la suspensión de empleo y cargo público por tiempo de tres años.