Responsables de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra, Hostelería de Vigo, Asehospo y el CETS de Sanxenxo han mostrado su rechazo esta mañana en una reunión con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, a la Ley que obliga a triplicar los datos de los clientes que se envían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"Desde Hostelería de Vigo, Hostelería de Pontevedra, la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Pontevedra y el Consorcio de empresarios Turísticos de Sanxenxo manifestamos nuestra gran preocupación por el requerimiento que se contempla a partir del 27 de este mes de abril a través del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, en el que se establecen las nuevas y exigentes obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor", han señalado en un comunicado.
Según hasn explicado estas asociaciones, dentro de las obligaciones de registro documental, los establecimientos de hospedaje y alojamiento deberán llevar un registro informático, "que a día de hoy no está operativo y que el sector desconoce", apuntan. "El establecimiento no dispone de herramientas para la verificación de los datos solicitados", apuntan los hosteleros de la provincia.
En la actualidad se recogen nueve campos de registro: el número de documento de identidad, tipo de documento, fecha expedición, nombre, apellidos, sexo, la fecha de nacimiento, país de nacionalidad y fecha de entrada. "Con la nueva propuesta legislativa se pasa de 9 a 31 datos requeridos", explican desde las asociaciones pontevedresas.
"Los datos del registro informático deberán conservarse durante un plazo de tres años a contar desde la finalización del servicio o prestación contratada, pudiendo llegar las sanciones por incumplimiento de la norma a 30.000 euros, imputando a los establecimientos la responsabilidad de la exactitud de los datos que se hagan constar", señalan desde el sector con preocupación.
Sobrecarga laboral y excesiva responsabilidad
Los hosteleros han criticado que se sobrecargue la labor del personal de recepción incrementando de una forma inviable la labor administrativa. "Estos requerimientos de registro, responsabilidades y régimen sancionador resultan inaceptables para las empresas turísticas", explican en su escrito. En la reunión, las agrupaciones de establecimientos han solicitado a la Subdelegación que dé traslado de todas estas dificultades a la Secretaría de Estado de Turismo, al Ministerio y al Gobierno.
"El objetivo es concretar las medidas a poner en marcha, perfilar todas aquellas dudas que surgen para la viabilidad del cumplimiento del Decreto con respecto a: la identificación de los menores, gestión de los medios de pago, el tiempo de depósito de tres años por parte del establecimiento turístico, la activación de una plataforma informática adaptada a la idiosincrasia del sector, el fino hilo de la protección de datos y la exigencia de la Norma así como una campaña de sensibilización de cara a promover la concienciación social a la hora de exigir esta gran cantidad de información a nuestros huéspedes", destacan.