PONTEVEDRA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) –

El juicio contra el exalcalde de Campo Lameiro (Pontevedra), Julio Sayáns, previsto para la próxima semana en la Audiencia de Pontevedra ha sido nuevamente aplazado, en esta ocasión por motivos médicos de una de las partes.

El regidor del municipio pontevedrés durante más de 36 años se enfrenta a siete años y tres meses de cárcel por delitos de falsedad de documento público y contra la disciplina urbanística en relación con las obras de una depuradora, cuya ubicación terminó afectando a terrenos privados de una sociedad y a un espacio público destinado a zona verde.

La vista judicial había sido señalada para los días 12 y 14 de julio después de haber fracasado el pasado mes de febrero el intento de las partes de alcanzar un acuerdo de conformidad.

Sin embargo, será necesario fijar una nueva fecha para el juicio, ya que una de las partes ha solicitado el aplazamiento por motivos médicos, según han comunicado este viernes fuentes judiciales.

En la causa, por unos hechos que sucedieron entre 2013 y 2015, también están acusados un ingeniero que se encargó del proyecto —para el que se piden cuatro años y medio de prisión— y la secretaria municipal —petición de dos años y medio de cárcel—.

Además, el fiscal demanda la demolición de las obras y la reposición a su estado originario, así como inhabilitación y el pago de una multa para los acusados.

Según el escrito de acusación, en 2013 ante la necesidad de modificar o sustituir la estación depuradora existente en el polígono industrial de A Facha de Campo, Sayáns –que fue alcalde de este municipio entre 1983 y 2019– encomendó la realización del proyecto a un ingeniero, también acusado en el procedimiento, quien elaboró a través de su empresa un anteproyecto en febrero de 2014.

El pleno del Ayuntamiento aprobó el anteproyecto y encomendó al ingeniero acusado la realización de la obra de la mejora de la depuradora.

El 14 de julio de 2014, el regidor ordenó a la secretaria municipal –tercera persona investigada en la causa– que efectuase un informe sobre el procedimiento a seguir.

Ese mismo 14 de julio, la secretaria emitió el certificado sobre la existencia de crédito bastante y un estudio acerca del procedimiento de contratación que se debía seguir. Según el fiscal, la investigada "no hizo referencia en su informe a la necesidad de la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas por un funcionario municipal ni tampoco manifestó que era en todo caso necesario encomendar a un técnico externo la confección del pliego de cláusulas técnicas de la obra de no contar con personal municipal que pudiese efectuar esta tarea".

Cambio de ubicación

Así, dieron comienzo las obras en octubre de 2014, pese a que no constaba el pliego de condiciones técnicas en el proyecto, sin que la secretaria hiciese reparos a la legalidad en junta de gobierno local, lo que la acusación considera "un absoluto desprecio por las normas administrativas que regulan la contratación de obras públicas y con pleno conocimiento" de la vulneración de normas básicas.

Además, hubo un cambio en la ubicación final por el cual la depuradora quedó instalada sobre dos parcelas, una de las cuales era propiedad de una sociedad privada —y no terrenos propiedad del Ayuntamiento de Campo Lameiro—, mientras en la otra "estaba prohibida la instalación de construcciones industriales o fabriles tales como una estación depuradora", dado que era una zona pública destinada a zonas verdes.