Pontevedra no firma las expropiaciones forzosas para suprimir los pasos a nivel en Praceres

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El Ayuntamiento de Pontevedra se negó a firmar esta mañana la expropiación forzosa para la urgente ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de supresión de los pasos a nivel de Praceres, en un acto a lo que asistió el coordinador del rural, Alberto Oubiña, que vestía una camiseta con el lema ‘Non á desfeita nos Praceres‘ en el Pazo de la Cultura.

La asistencia se debió al deber legal del expediente de expropiación forzosa, pero el concejal acordó no firmar el levantamiento de las actas, ya que el Ayuntamiento es uno de los afectados, al igual que otros particulares que tampoco se presentaron en el Pazo de la Cultura.

"Como Ayuntamiento disponemos de parcelas afectadas, pero decidimos no firmar porque consideramos que es un destrozo total para la parroquia de Lourizán porque parte a parroquia en dos, y entierra a las personas que la atraviesan, incluso a los cientos que se desplazan a diario al centro escolar", explicaba el concejal Alberto Oubiña.

El proyecto de soterramiento de las personas en la plaza de Praceres, como solución a la retirada los pasos a nivel del tren, derribará el parque infantil, invadirá parte de la zona del campo de fútbol en propiedad municipal y dos parcelas más pequeñas, también del Ayuntamiento, en la zona. Al tiempo, inviabiliza el proyectado Parque da Dignidade porque estará atravesado por una carretera que impedirá el acceso a él.

Adicionalmente, el concejal remitió esta mañana un escrito a Adif manifestando, nuevamente, la oposición al proyecto de soterramiento de los pasos a nivel. El escrito recoge que "en opinión reiterada de este Concello y así manifestada, estas obras suponen, a la vista del informado por los técnicos municipales, una solución no acomodada al interés general ni a las legítimas necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal afectada, por cuyos intereses vela este Concello. Incluso consideramos que podría llegar a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos que acudieron a la vía judicial y el principio de indemnidad, ya que se producirá una suerte de reformatio in peius del proyecto en vía de ejecución de sentencia, que perjudicaría más al entorno residencial que el propio proyecto anulado".