VIGO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) –
El exalcalde pedáneo de Bembrive (Vigo), Roberto Ballesteros, volverá a sentarse la próxima semana en el banquillo de los acusados, como supuesto autor de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, y como cómplice en un delito de falsedad documental.
Así, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, acogerá este martes y este miércoles la vista contra este excargo socialista, y contra un constructor, a quienes se les atribuye haber amañado el pago de una obra que nunca se ejecutó.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Ballesteros contrató una obra en la pedanía por algo más de 15.700 euros, y que fue ejecutada entre septiembre y octubre de 2014. Posteriormente, se concertó con el representante legal de otra constructora y simuló la contratación verbal de otra obra por importe de más de 9.400 euros.
Esta segunda obra nunca se ejecutó y los conceptos de los trabajos que figuraron en la factura, pagada en 2015, se correspondían con los ya realizados por la otra empresa, que hizo las obras en 2014.
Delitos y penas
El Ministerio público considera a Ballesteros autor de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, así como cómplice en el delito de falsedad documental. Mientras, acusa al representante de la constructora de ser autor de un delito de falsedad y cooperador necesario en un delito de malversación.
Por ello, pide que el primero sea condenado a penas que suman 4 años y cinco meses de cárcel, 17 años de inhabilitación y a pagar una multa de 3.750 euros; mientras que para el constructor solicita penas que suman 3 años y 8 meses de prisión, y multa de 6750 euros. Además, ambos deberán indemnizar a la entidad local en los más de 9.400 euros pagados por la obra inexistente.
Condena anterior
El exalcalde pedáneo de Bembrive ya fue condenado en 2017 (la pena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2018) por un delito de prevaricación a 7 años de inhabilitación, por haber suspendido (en junio de 2013) las retribuciones de los vocales del PP en la entidad local menor.
En la sentencia condenatoria, del juzgado Penal número 3 de Vigo, se señalaba que Ballesteros tomó esa decisión "a sabiendas de su injusticia y no obstante ser apercibido por el secretario-interventor de la ausencia de legalidad en su resolución". Tras esta condena, Ballesteros presentó su dimisión.
Antes de eso, estuvo envuelto en otra polémica, ya que fue denunciado en 2011 por una excompañera socialista. La denunciante sostenía que Ballesteros cobraba comisiones a cambio de favores en el Ayuntamiento de Vigo (además de alcalde pedáneo, era funcionario en el consistorio olívico).
Los juzgados abrieron diligencias, pero la causa se acabó archivando por falta de pruebas, y, aunque incluso se puso en marcha una comisión de investigación en el propio Ayuntamiento, ésta también concluyó sin ningún tipo de medida sancionadora.