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La acusada de abusos sexuales a empleadas domésticas en Vigo acepta 9 años de prisión
Su marido (ya fallecido) y ella obligaban a las víctimas a trabajar en ropa interior
12 abril, 2021 19:10VIGO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) –
La vecina de Vigo acusada de engañar a mujeres vulnerables, a las que ofrecía empleo doméstico para, junto a su marido (ya fallecido), abusar sexualmente de ellas, ha aceptado una pena de 9 años de prisión, así como pagar indemnizaciones que suman 17.000 euros, en virtud de un acuerdo de conformidad que evita la celebración del juicio contra ella (previsto para este martes y este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica).
La Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban 37 años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria en cinco delitos de abuso sexual con introducción de objeto, con engaño, abuso de superioridad y abuso de situación de necesidad. Asimismo, le atribuía un delito de agresión sexual con intimidación; un delito de detención ilegal; un delito de trata de seres humanos con engaño, con fines de servidumbre y explotación laboral, en concurso con un delito de detención ilegal y uno de agresión sexual; y un delito de maltrato de obra. A ellos se sumaba un delito contra los derechos de los trabajadores.
Tras el acuerdo, la acusada ha aceptado un año de prisión por cada uno de los cinco delitos de abuso sexual, cinco meses por el delito de agresión sexual, tres meses por un delito de coacciones, tres años de cárcel por un delito de trata, y cuatro meses por un delito contra los derechos de los trabajadores.
La mujer también deberá pagar una multa de 180 euros por el delito leve de maltrato y deberá indemnizar en 1.000 euros a cada una de las cinco víctimas de abusos sexuales; y en otros 6.000 euros a cada una de las dos víctimas de agresión sexual.
Mujeres vulnerables
Los hechos se remontan a los meses de marzo a octubre de 2019 cuando, según la Fiscalía, la acusada y su marido contactaron a través de una página web de anuncios con siete mujeres de diferentes países sudamericanos, todas ellas en situación muy vulnerable, a las que ofrecieron empleo como trabajadoras domésticas y niñeras de su hija de 6 años, prometiéndoles que les pagarían un salario y regularizarían su situación administrativa en España.
En todos los casos, mantuvieron entrevistas con ellas en su domicilio, en la zona de Castrelos, y las convencieron de que, para obtener el trabajo, debían someterse a un reconocimiento médico que el propio marido les realizaba, haciéndose pasar por profesional sanitario. Ese falso reconocimiento consistía en tocamientos y en la introducción de un hisopo en la vagina y en el ano.
Varias de las mujeres no volvieron al piso después de ese ‘reconocimiento’, aunque al menos dos de ellas sí llegaron a trabajar para el matrimonio. Así, una mujer nicaragüense trabajó en el piso un día, y la obligaron a desarrollar las tareas domésticas vestida solo con tanga y sujetador, advirtiéndole de que pertenecían a una peligrosa organización de tráfico de drogas y órganos, y que tenían cámaras instaladas en la vivienda, por lo que no podría negarse a lo que le pidieran, bajo la amenaza de que podrían hacerle daño a ella o a sus hijos.
La acusada también hostigaba a la mujer exigiéndole que mantuviera relaciones sexuales con ella o con su marido, o que se duchara con la puerta del baño abierta, y llegó a golpearla. Al día siguiente de empezar en ese empleo, la víctima aprovechó una salida para acompañar a la acusada a llevar a su hija al colegio para escapar.
Una séptima víctima, una mujer colombiana, llegó a trabajar para el matrimonio durante 8 días, y también fue intimidada y amenazada para no salir del piso y someterse a los deseos de ambos (ducharse con la puerta abierta, trabajar en ropa interior o someterse a supuestas exploraciones médicas), todo ello en medio de una atmósfera de terror. La mujer estuvo en esa situación hasta que fue rescatada por la Policía, el 17 de octubre de 2019.
El marido de la acusada también fue detenido por estos hechos pero, cuando se estaba realizando el registro de su domicilio en presencia de la comisión judicial, el hombre aprovechó un momento de descuido y, pese a estar esposado, se abalanzó contra la ventana de la cocina, fracturando el cristal y precipitándose al vacío desde el noveno piso. Como consecuencia de las graves heridas, el hombre falleció.