VIGO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo acogerá este jueves la vista de conformidad relativa a la causa penal contra una naviera por la sobreventa de billetes para acceder a las islas Cíes en el verano de 2017.
Según recoge en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal, la naviera Nabia tenía una autorización para el desembarco de visitantes en el archipiélago para el periodo de 2017, por la que se fijaba un número máximo de pasajeros diarios.
Sin embargo, "con el fin de obtener un beneficio económico de carácter ilícito", la naviera vendió billetes para "facilitar el transporte de más pasajeros que los autorizados". Así, el día 11 de junio de 2017, "expidió y vendió a particulares varios billetes por importe de 111 euros" cuyo código de acceso a las islas se había elaborado "mendazmente", siéndole incoado por la Xunta de Galicia un expediente disciplinario como consecuencia.
Además, actuó del mismo modo los días 3, 5 y 17 de agosto, cuando expidió a particulares varios billetes por importe de 306 euros, lo que conllevó la incoación de otros tres expedientes disciplinarios por parte de la Xunta de Galicia.
Por ello, la Fiscalía considera a la naviera y su gerente autoras de cuatro delitos de falsedad en documento oficial en concurso ideal con cuatro delitos leves de estafa con un delito continuado de estafa, en los que contempla la atenuante de dilaciones indebidas por haberse paralizado la causa en 2019 y durante la pandemia. Así, reclama un año de prisión para la gerente que se sustituye por multas de 6.480 euros y otros 1.000 euros para la empresa.
Valoración de la Xunta
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha evitado posicionarse sobre el acuerdo alcanzado entre las partes en el proceso judicial, más allá de resaltar como "positivos" el reconocimiento por parte de las navieras de su responsabilidad en un asunto por el que también se abrió un procedimiento administrativo por parte de la Xunta.
Cuestionada al respecto, la titular de Medio Ambiente ha recordado que el proceso judicial se llevó a cabo por la denuncia de la Administración gallega en aras de velar por el "cuidado del patrimonio" del archipiélago vigués, un asunto en el que, dice, la Xunta "no va a dar marcha atrás".