Procuradores de Vigo firman cartas pidiendo la dimisión de la directiva del Colegio General de Procuradores de España.
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Procuradores de Vigo piden la dimisión de la directiva de su Consejo General en España
El Colegio profesional han trasladado su "rechazo" al Real Decreto de Aranceles que reduce "drásticamente" sus honorarios y estudian recurrirlo
27 mayo, 2022 12:43VIGO, 27 May. (EUROPA PRESS) –
Procuradores de Vigo han trasladado su rechazo "total" al Real Decreto de Aranceles aprobado por el Gobierno y estudian recurrirlo, además de pedir la dimisión de toda la directiva del Colegio General de Procuradores de España (CGPE) por la forma en que ha gestionado la tramitación de esta norma que reduce "drásticamente" los honorarios de este colectivo y "compromete el futuro" de la profesión.
El Colegio de Procuradores de Vigo había solicitado al presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, que acudiese a la ciudad a explicar los pormenores del Real Decreto y a dar cuentas de su gestión ante la "indefensión" de estos profesionales derivada de la nueva norma. Estévez rechazó la invitación y suspendió una visita prevista para el 2 de junio, alegando que "carecería de contenido".
Los procuradores de Vigo han decidido, en una asamblea extraordinaria, firmar masivamente cartas pidiendo la dimisión de Estévez y su equipo directivo (han recogido 115 firmas), y estudiar la posibilidad de recurrir el Real Decreto ante el Tribunal Supremo, al igual que hacen otros Colegios.
El texto aprobado establece límites máximos en los aranceles en los que se basan los honorarios profesionales de los procuradores y no permite fijar un límite mínimo. Estos honorarios permanecen congelados desde 2003 y no se han actualizado, "mientras que la inflación ha subido un 44,5%", por lo que los procuradores vigueses consideran "inasumible" introducir ahora modificaciones a la baja sin aplicar previamente, "como mínimo", una actualización basada en el IPC oficial.
El decano del Colegio de Procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, ha señalado que el Real Decreto "comporta una desconsideración absoluta hacia la actividad de los procuradores" y les "condena" a cobrar por sus servicios unas cantidades que "no se adecúan a la realidad".
