VIGO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) –
El juzgado de instrucción 5 de Vigo ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones iniciadas tras la denuncia interpuesta por la CIG contra el concejal Carlos López Font y el jefe de servicio de Seguridad, A.V.M., al no apreciarse delitos de prevaricación en el decreto aprobado por Junta de Gobierno en febrero de 2019 (que autorizaba a suspender los descansos de los bomberos por falta de personal, y que fue anulado por los juzgados posteriormente).
Según han informado fuentes judiciales, la magistrada de instrucción ha acordado archivar estas diligencias al no aparecer "debidamente justificada" la perpetración de los delitos de prevaricación administración o prevaricación por omisión.
Así, basa su decisión en las declaraciones prestadas por los dos investigados en este procedimiento, el concejal socialista Carlos López Font, que en 2019 era responsable de Seguridad y Movilidad, y el jefe del área, A.V.M.
En su auto recoge que el edil declaró que "no hubo ninguna animadversión ni intento de perjudicar derechos", y que actuó para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Curiosamente, tanto López Font como el jefe del área reconocieron, según se traslada en este auto de archivo, que el decreto que permitía suspender descansos e imponía ‘de facto’ las horas extraordinarias tenía como finalidad garantizar un mínimo de efectivos en el servicio de bomberos, de 20 funcionarios, y se aplicaría en caso de que fuera "estrictamente necesario".
Efectivos mínimos para garantizar la seguridad
Según sostuvieron en el juzgado, la escasez de personal se había venido sorteando mediante la realización de horas extras en los últimos años, pero "de un día para otro", los responsables se encontraron con que más de la mitad de la plantilla se negó a hacer esas horas extraordinarias.
Asimismo, Font reconoció que, si el número de efectivos disponibles es inferior a 20, en caso de siniestro la "indefensión" de la ciudadanía sería "absoluta", ya que los bomberos no pueden ser sustituidos por otros trabajadores. Por ello, apeló al interés general y la necesidad de garantizar la seguridad de personas y bienes.
En la misma línea, el jefe de área admitió ante la jueza que sin los refuerzos no se podía garantizar el mínimo de efectivos y, si no se "forzaban" las horas extras, "no se podría dar servicio a la ciudad".
En todo caso, el decreto que dio origen a esta causa fue anulado por un juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo en una sentencia que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza, en dos ocasiones (ya que el decreto fue denunciado dos veces, por los sindicatos CIG y CUT).