Los Agrupación de Vecinos de la Zona Centro de Vigo han solicitado una reunión con Abel Caballero para exponerle y detallarle los trastornos que suponen para ellos la ocupación de las calles "por el Concello durante más de dos meses" con motivo de la celebración de la Navidad con el objetivo de que el alcalde les traslade "qué medidas, de forma inmediata, van a adoptar que tengan como objetivo garantizar los derechos fundamentales de los afectados". Unos derechos que consideran que "actualmente se están vulnerando".
A principios de mes pusieron en marcha una campaña de firmas en contra del "parque temático" de la Navidad que se pone en marcha en el centro de Vigo, solicitando también que se trasladase a "una mejor ubicación". Esta recogida de firmas se acerca ya a las 1.600 de vigueses que "viven o trabajan en esas calles ocupadas por el parque de atracciones y mercadillo". Esto, a pesar de que este año el Concello no repetirá el parque de atracciones que se montó el año pasado en la calle Rosalía de Castro.
En esta reunión esperan también un "compromiso" por parte del alcalde para garantizar " el cumplimiento de todas y cada una de las leyes y ordenanzas municipales que vienen incumpliendo de forma reiterada en las calles afectadas".
Acciones legales contra el Concello
En segundo lugar, han iniciado otra campaña, en este caso de crowdfunding con el objetivo de financiar los "gastos que ocasionan las medidas legales" que aseguran se ven "obligados" a tomar contra el Concello por el incumplimiento de leyes y ordenanzas "en materia de ruido, salud, seguridad, medio ambiente", entre otras.
Buscan recaudar 10.000 euros que irán destinados a la contratación de un abogado experto en la materia, la realización de "al menos 10 mediciones de ruido por parte de una empresa especializada" en viviendas afectadas de la zona y la realización de "una información gráfica y visual", también realizada por un experto, que refleje "la atroz situación que padecen las viviendas, negocios y oficinas situadas en el entorno".
Además, no descartan, una vez agotada la vía administrativa, iniciar la vía judicial para la reclamación de sus derechos.