María del Carmen C. C. ha comparecido este martes en la sección quinta de la Audiencia de Provincial de Pontevedra, acusada de administrar a su hija menor, supuestamente, fármacos peligrosos. En este sentido, la enfermera ha negado los hechos, aunque ha reconocido que tenía acceso a dichas sustancias debido a su trabajo. No obstante, tal y como indicó la procesada -y según recoge Europa Press- era "conocedora" de que estaban contraindicadas para niños por sus efectos secundarios.
María del Carmen está separada del progenitor de su hija y, en un primer momento, ella tenía la custodia de la pequeña. En alusión al régimen de visitas, la acusada dijo en la sala que comenzó a notar que la niña "volvía adormilada" y que apenas la sostenían las piernas cada vez que pernoctaba en casa de su padre. Debido a lo anterior y en uno de los episodios, la abuela de la menor la llevó al hospital, tal y como relató, y en ese momento se detectó la intoxicación.
Por último, María del Carmen señaló que la pequeña "dejó de tener contacto" con su progenitor entre el 2019 y el 2020, por que éste entró en prisión. Y, según la madre, en dicho periodo la niña dejó de tener la mencionada sintomatología.
En la vista de este martes, que se retomará mañana miércoles con la declaración de los peritos forenses y de toxicología; también declaró, como testigo, el padre, quien apuntó a que en las visitas de la niña comenzó a notarla "muy somnolienta" y que, incluso, se dormía en los columpios.
Tal y como recoge Europa Press, el padre atribuyó los hechos a la falta de sueño, incluso premeditada por parte de su expareja, de la que ha asegurado que llegó a advertirle de que, si no pasaba por el régimen de visitas que le proponía, haría "lo posible" para que ni él ni su familia pudieran ver a la pequeña. El progenitor recibió la custodia de la menor una vez que se confirmó la intoxicación, y ahora dice, "está mucho mejor".
Delito de revelación de secretos
La misma acusada, María del Carmen C. C., se enfrentó este martes a otro juicio, en este caso, acusada de revelación de secretos y por valerse de su condición de funcionaria para acceder al historial de su expareja y al de la actual pareja de él en hasta 320 ocasiones. En este extremo, la acusada reconoció los hechos. Además, su abogada aportó un informe psicológico en el que se recoge que, por aquel entonces, su defendida padecía un trastorno adaptativo con ansiedad y depresión, al que se añadía una personalidad "obsesiva y paranoide".
Por lo anterior, la Fiscalía solicita para la acusada tres años y siete meses de cárcel, así como una multa de 1.685 euros e inhabilitación por 4 años y medio. La acusación particular, por su parte, solicita penas que suman 12 años de prisión, así como multa y prohibición de acercase o comunicarse con los perjudicados durante cinco años. La defensa pide que se le aplique un único delito de revelación de secretos y que se consideren las atenuantes de reparación del daño y confesión, así como la eximente incompleta de "anomalía psíquica"