El Ayuntamiento de Vigo ha emitido una orden por la que solicita a los propietarios de los edificios números 11 y 13 de la calle Fisterra el "inmediato desalojo y corte de suministro eléctrico con el fin de evitar el riesgo que supone para la seguridad de los moradores el deficiente estado en el que se encuentra la instalación eléctrica".

Desde el Consistorio se ha procedido así, de manera temporal, al vaciado y precintado de los inmuebles, "siguiendo criterios de seguridad y dio traslado de esta resolución a la Policía Local, al área de Bienestar y a la de Medioambiente", según ha informado el Concello en un comunicado.

Un total de 42 personas residen en la actualidad en estos edificios en régimen de alquiler, a quienes se les "prestará una atención integral e individualizada ofreciéndoles alternativa residencial temporal en hostales u hoteles de la ciudad", así como transporte para quienes precisen trasladar sus pertenencias. Las personas en situación de especial vulnerabilidad recibirán la atención idónea a sus circunstancias.

La medida se toma una semana después del incendio en el edificio okupado en el que fallecieron una madre y tres de sus hijos y en el que, tal y como señaló ayer el delegado del Gobierno en la comunidad gallega, la principal hipótesis apunta a un "problema eléctrico" en el edificio.

Solucionar "una situación de peligro"

Tal y como ha informado el Ayuntamiento, se trata de una "situación transitoria en la que los propietarios deben solucionar la situación de peligro". La actuación se activó tras la reclamación de una de las residentes el pasado 10 de octubre de 2023 y la visita a los inmuebles de personal de Urbanismo que comprobó que "la instalación eléctrica está en mal estado y genera riesgos de seguridad para los moradores".

Además, desde el Concello han señalado que los propietarios habían acometido medidas urgentes exigidas por el Consistorio respecto al estado de las edificaciones. Aunque no acometieron otras mejoras de conservación impuestas, lo que conllevó la imposición de varias "multas coercitivas en diferentes ocasiones, la última de ellas, a principios de este mes de octubre".

Con la medida adoptada ahora por la Gerencia de Urbanismo, los propietarios de los inmuebles deberán renovar la instalación eléctrica y acreditar la obra por un técnico, "para garantizar que los edificios reúnen las condiciones para volver a ser habitados".