El conflicto de Vitrasa sigue enquistado y desde la oposición al Gobierno de Vigo han puesto el foco en un asunto que está generando múltiples molestias y perjuicios a los ciudadanos. El PP, por un lado, ha anunciado que al próximo pleno del día 28 de diciembre presentará una moción relativa a la situación actual del servicio, además de reprobar la actitud de "soberbia y chulería" del alcalde frente a los trabajadores.

Por otro, el BNG ha instado al Concello a tomar el control de la concesión de Vitrasa ante la "actitud pirata" de la empresa, por los "incumplimientos" tanto en sus "obligaciones laborales" como del "pliego concesional".

Para los populares, los "gestos despreciativos" realizados por el regidor a los trabajadores de Vitrasa, haciendo alusión al signo de victoria que mostró en un acto en el Halo y otro el Día de la Constitución, son una "provocación totalmente rechazable, innecesaria y evitable" y, añaden, "impropia de un dirigente público". Además, señalan que Caballero se "limita a echar balones fuera, acusando a los trabajadores de hacer una huelga política y desoyendo las llamadas a las mediación realizadas por el comité de empresa".

Con la moción que presentarán en el pleno, el PP de Vigo buscará el apoyo para instar a la empresa a recuperar los autobuses, frecuencias y líneas suprimidas desde 2019 y retomar el servicio acorde a las necesidades de los vigueses. Además, solicitarán la convocatoria urgente del Consello Sectorial de Transportes.

Tomar el control de la concesión

Para los nacionalistas, "es el momento de poner punto y final a la situación límite" del servicio de autobús urbano cuando está a punto de cumplirse un mes de huelga indefinida y tras casi tres años de conflicto, por lo que el Concello no puede continuar "indiferente" ante el problema.

Para esto, el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha solicitado que se designe una Intervención Técnica municipal que tome el control de la concesión. Así, el Concello se encargaría del servicio utilizando personal, medios y material de la empresa para garantizar su correcto funcionamiento. "Se trata de una medida perfectamente legal que sería un paso previo a un eventual rescate definitivo de la concesión", ha añadido Igrexas.