El Supremo confirma que O Porriño (Pontevedra) no pague a una empresa facturas por 352.000 euros

El Concello de O Porriño no tendrá que pagar las 13 facturas que reclamaba la empresa Nexia y que sumaban 352.000 euros. Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo, que ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la empresa. 

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Las pretensiones de Nexia ya habían sido rechazadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, una decisión ratificada también por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En dicho fallo, el TSXG declaraba que no había quedado acreditada la veracidad de estas facturas ni que el precio marcado se correspondiese al del mercado para la limpieza y el rozado de viales supuestamente contratado a la compañía por el Concello.

El gobierno local ha celebrado la resolución del Supremo a través de un comunicado ya que, además, "le da la razón" al actual alcalde, Alejandro Lorenzo, al considerar que sí tiene lugar su recurso interpuesto cuando era concejal del municipio.

Hechos

Tal y como recoge el Concello en el comunicado, la empresa Nexia reclamó en el año 2018 el pago de facturas por un importe de unos 352.000 euros, ya conformadas y en proceso de pago por parte del gobierno local. El actual regidor, siendo todavía concejal, se personó como codemandante y para llevar el caso hasta el final.

"Ahora la justicia le da la razón al alcalde. Ninguna de las facturas era legítima, ya que no existía contrato alguno que amparase esos pagos, además de que los pagos no estaban debidamente justificados en base al mercado, ni justificada su veracidad", aclaran desde el gobierno porriñés.

Tanto la empresa como el equipo de gobierno de aquel momento "argumentaron que un concejal no tenía derecho a personarse en la causa", pero Lorenzo decidió defender su legitimidad para insistir en la "improcedencia" de esos pagos, con una "inactividad" por parte del Ayuntamiento.

"Ahora la justicia le otorgó la razón por partida doble. No solo reconoció su derecho a personarse como codemandante, sino que también determinó, después de examinar las pruebas existentes, que no procedía el pago de las facturas", ha añadido el Concello, insistiendo en que "no existía el contrato" y no se había acreditado la veracidad de los trabajos realizados. "Además, los precios no eran acordes al mercado", ha sentenciado.

Esta sentencia, según subrayan en el comunicado, "no solo evitó el pago indebido de 352.000 euros, sino que fue clave para la devolución de casi 2,5 millones de euros en facturas que el anterior gobierno (del PSOE) pretendía pagar sin garantías".