El lunes 25 de septiembre arranca en la Audiencia provincial de Valencia el juicio por las agresiones nazis ocurridas el 9 d'Octubre de 2017, día de la Comunitat Valenciana, durante la manifestación que colectivos nacionalistas y entidades de izquierda organizan cada año en Valencia.
En la causa figuran 28 personas acusadas. La Fiscalía solicita penas de entre tres y siete años y medio de prisión para los procesados, entre ellos Vicente Estruch, conocido como El Alfarrasí porque procede de este pequeño municipio valenciano, situado a unos 80 kilómetros de la capital.
Se trata de un peligroso ultraderechista anticatalanista que durante años dirigió Yomus, el extinto grupo ultra del Valencia CF. Cuenta con numerosos antecedentes policiales y acumula un historial muy violento.
Seis años después de las agresiones, El Alfarrasí llega a este juicio dispuesto a admitir la autoría de las lesiones, según apuntaron fuentes conocedoras de la negociación al diario EL ESPAÑOL.
La Fiscalía lleva semanas negociando con las acusaciones y defensas un acuerdo de conformidad y evitar la celebración del juicio. A cambio, se retirarían las peticiones de prisión para los acusados que reconozcan que agredieron a los manifestantes y vulneraron sus derechos fundamentales.
Vicente Estruch es uno de los elementos protagonistas de los hechos. En los atestados incluidos en el sumario la Policía ponen de relieve "la gran cantidad de tatuajes y simbología claramente de corte radical neonazi que posee, así como la cantidad de detenciones efectuadas por hechos similares a los que constituyen el objeto de la testado".
La mayoría de las defensas apoya el acuerdo y los detalles se cerrarán el mismo lunes por la mañana. Pero el viernes varios procesados ya comunicaron formalmente su voluntad de pactar con la fiscalía, según confirmaron fuentes judiciales.
No obstante, el juicio podría seguir adelante si finalmente hay encausados que se descuelguen del pacto. Uno de los imputados que sí ha trasladado que rechaza el acuerdo es el cronista fallero Pepe Herrero, acusado por supuestamente instigar las agresiones. En este caso, el juicio se celebraría con Herrero como único acusado.
Según concluyó el ministerio público, el locutor valenciano de televisión y radio, en los días previos a la celebración, publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones de perfil nacionalista.
Enfrentamientos entre los asistentes a la tradicional manifestación de entidades de izquierda y nacionalista del 9 d'Octubre de 2017.
Los encausados, muchos de ellos pertenecientes a grupos ultraderechistas valencianos, agredieron y amenazaron a periodistas y manifestantes en la zona de la plaza de San Agustín durante la celebración del día de la Comunitat Valenciana en 2017, según las acusaciones.
La Policía concluyó que las personas reconocidas e identificadas están "relacionadas con el entorno activo de ideologías próximas a la derecha más radical de esta Comunidad y provincia, particularmente como integrantes o simpatizantes del Grupo Yomus". De los trece identificados y detenidos, nueve eran miembros del grupo ultra del Valencia CF.
La acusación pública les considera autores de los delitos de odio, coacciones, lesiones, amenazadas y desórdenes públicos.
El Alfarrasí estaría dispuesto a asumir la autoría de todos estos delitos, incluido el de odio, una condición que ha impuesto la Fiscalía de Valencia para aceptar la conformidad, según manifestaron fuentes judiciales.
Si finalmente la mayoría de acusados admite los hechos, será la primera condena contra grupos ultraderechistas valencianos por vulneración de derechos fundamentales y lesiones.
"¿Cuento con vosotros?"
El punto de partida de las agresiones que serán juzgadas fue un llamamiento a concentrarse el 9 de octubre contra grupos catalanistas a través de redes sociales: "Quiero vivir un momento histórico, el primer año sin estelada por Valencia el 9-O. ¿Cuento con vosotros? Pza. San Agustín 9-X-17", recogía el texto
Las agresiones se produjeron en un contexto de tensión política. El 1 de octubre se había celebrado el referéndum de independencia de Cataluña y a este llamamiento respondieron un numeroso grupo de personas que se concentraron por la mañana junto al campo de fútbol de Mestalla tras una pancarta de Yomus CN10.
Por la tarde, los seguidores de El Alfarrasí se dirigieron al centro de la ciudad con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la manifestación convocada y enfrentarse a quienes asistieran por razón de su ideología.
Aquella tarde del 9 de octubre, Vicente Estruch accedió a la plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio de la manifestación, junto a otras personas entonando cánticos, gritos y realizando un saludo que consistía en mantener el brazo en alto, propio de movimientos fascistas y neonazis.
La actuación de estas personas, que increpaban a los manifestantes y se abalanzaban hacia donde se encontraban, hicieron que finalmente el cordón cediera, según concluyó la fiscal Susana Gisbert. Esto dio lugar a "una estampida" que hacía de todo punto imposible el normal transcurso de la manifestación convocada.
Minutos más tarde, continuaron las agresiones y los puñetazos a participantes en la manifestación. Por ejemplo, varios acusados siguieron a dos manifestantes y le dieron una fuerte patada a uno de ellos a modo de zancadilla, lo que le hizo caer al suelo y arrastró en su caída al compañero.
Una vez allí, fueron agredidas con el mástil de una bandera. Otro manifestante intervino para defender a las víctimas y un gran número de acusados se abalanzaron sobre él y lo acorralaron.
Además, diversos acusados se abalanzaron sobre un redactor gráfico que estaba fotografiando los acontecimientos para arrebatarle la cámara. Le arrojaron al suelo y le impidieron que se levantara al lanzar sobre él una mesa y un cartel de un bar de la misma calle donde se encontraba.
Los ultras agreden a un fotógrafo que cubría la manifestación.
Los daños del material se han valorado en más de 3.000 euros.
En la causa constan como acusación particular, además de los manifestantes y un diario cuyos periodistas fueron agredidos, la Comissió 9 d’Octubre, organizadora de la marcha, que está formada por asociaciones nacionalistas y entidades de izquierda.
Como acusación popular, se personó Movimiento contra la Intolerancia