El Gobierno valenciano corre el riesgo de tener que devolver 2.800 millones de euros a la Unión Europea por la "mala gestión" del anterior Consell, compuesto por PSPV, Compromís y Podemos. 

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este jueves en la primera sesión de control en las Cortes Valencianas, en la que ha criticado el escaso porcentaje de ejecución de los fondos que ha recibido la Comunitat Valenciana.

Ha explicado que de los fondos estructurales, solo se han ejecutado 1.375 de los 3.000 millones confiados. Es un 43% de ejecución. El Gobierno central ha remitido una carta al Ejecutivo valenciano para recordarle que el plazo para justificar estos fondos finaliza el 31 de diciembre de este año.

[El PP cambiará la renta de inclusión valenciana de Mónica Oltra para que "no sea una paguita"]

Respecto a los fondos Next Generation, ha indicado que de los más de 2.116 millones se ha justificado solo el 26%, es decir, 564 millones. 

El jefe del Consell, a preguntas del grupo popular, ha asegurado que se ha encontrado la "peor herencia de cualquier gobierno de la democracia", con una deuda acumulada de cerca de 58.000 millones de euros y un déficit de casi 3.800 millones en el último ejercicio. "Estamos en una situación crítica", ha añadido.

Ante este escenario, tal y como ha explicado durante su intervención, el Consell ha rebajado la presión fiscal para "los que más lo necesitan". Ha celebrado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y las deducciones para los gastos relacionados con la sanidad y la práctica deportiva.

También ha recordado los ajustes en "gasto político", un ahorro de unos 20 millones de euros en reducción de altos cargos y asesores para los próximos cuatro años, el equivalente a "200 trasplantes de corazón o medio millón de mamografías".

En este sentido, ha avanzado que el siguiente paso será recortar en el sector público, "el de las agencias y fundaciones inservibles para colocar a los amigos".

Carlos Mazón ha repasado los principales proyectos puestos en marcha en estos 78 días de gobierno. Además de la rebaja fiscal y el recorte en la estructura del Consell, ha subrayado la supresión de la tasa turística, las reformas para permitir la libertad de elección de lengua de las familias o los cambios en la renta de inclusión. 

Relación PP-VOX

El presidente ha afeado a la portavoz parlamentaria del PSOE, Rebeca Torró, que no hayan esperado a los cien días de cortesía. Torró ha criticado que haya pactado con la extrema derecha, a lo que Mazón le ha contestado: "El pueblo valenciano valoró que ustedes estuvieran en la oposición y nosotros en el gobierno".

La síndica socialista ha vuelto a tender la mano al líder del PP para llevar a cabo cinco pactos: por la violencia de género, la calidad democrática, la energía y contra cambio climático, el Estado de bienestar y la protección del valenciano.

En las relaciones entre los socios de gobierno (PP y Vox) también ha incidido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha enumerado las contradicciones entre los consellers de un partido y los del otro y ha preguntado "cuándo prevé hacer una remodelación de gobierno". 

"La remodelación de la dignidad ya se ha producido" ha contestado Mazón y ha afeado a Compromís la "falta de coherencia" por pactar con Vox en el municipio valenciano de San Antonio de Benagéber. 

Por su parte, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha manifestado que el gobierno "actúa en equipo" y la acción de gobierno es "única" y "va en la buena dirección".

No obstante, este jueves se ha producido la primera votación parlamentaria y en ella, los socios de gobierno han roto la unidad. El grupo popular ha votado junto al PSOE y a Compromís a favor de renovar el pacto valenciano para combatir la violencia de género, mientras que Vox ha votado en contra.

El texto aprobado exige al Consell que garantice que el pacto cuente con recursos suficientes para su ejecución.

Durante la sesión parlamentaria, también ha salido adelante la iniciativa del PP que rechaza "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado" y reclama acuerdos de Estado en las negociaciones sobre el futuro Gobierno de España para evitar el "chantaje de los independentistas".

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del PP y Vox, mientras que el PSPV y Compromís han votado en contra.