Han pasado más de dos meses desde que PP y Vox se aliaron para liderar el nuevo Gobierno valenciano y los consellers de Carlos Mazón empiezan a detallar las políticas que pondrán en funcionamiento los próximos cuatro años.
El área de Servicios Sociales, un departamento liderado los últimos 8 años por Compromís, afronta una nueva etapa y una renovación profunda.
La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero (PP) anunció este miércoles que la Generalitat revisará el modelo de Renta Valenciana de Inclusión, puesto en marcha por la exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), para que "no sea una paguita".
"No queremos que se convierta en una paguita", reiteró la consellera. Por ello, avanzó que está "trabajando para darle una vuelta a la Renta Valenciana, para que vaya acompañada por una inserción social o laboral". A su juicio, la renta "no puede ser solo una prestación económica".
"Estamos trabajando para revisarla y que los beneficiarios tengan itinerarios de inserción, además de la ayuda económica", manifestó.
A preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales trasladaron que están "trabajando para que la renta valenciana sea verdaderamente una renta promocional y de inclusión, porque ahora se queda en prestación asistencial".
"Queremos hacerla compatible con el trabajo, y que las personas tengan un itinerario de acompañamiento", insistieron estas fuentes sin precisar plazos.
Desde 2018
Mónica Oltra puso en marcha la Renta Valenciana de Inclusión y en este momento la ayuda llega a más de 70.000 personas, según los últimos datos publicados por el anterior Gobierno valenciano.
El proyecto lleva el sello personal de la exlíder de Compromís. Se puso en marcha en 2018 y sustituyó una ayuda del anterior Consell del PP, que contaba con menos beneficiarios.
La Renta tardó en arrancar y las solicitudes colapsaron en un principio el sistema, lo que le costó multitud de críticas a la exvicepresidenta, pero finalmente acabó engrasado y funcionando correctamente. La mayoría de críticas al modelo de Oltra se refieren a los retrasos en la concesión de ayudas.
En 2022, la Sindicatura de Greuges, la figura que representa al defensor del Pueblo valenciano, alertó en varios informes "las demoras en la tramitación y resolución de los expedientes de renta valenciana de inclusión agravan la situación de pobreza y exclusión social de las personas solicitantes".
Mónica Oltra, en una imagen de archivo. EE
Sobre todo, subrayó en sus informes, "en el momento actual, en el que las consecuencias de la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia de la Covid-19 inciden especialmente en la población más desfavorecida".
Por ello, alertó al equipo de Oltra de que "el no cumplimiento de tal obligación aumenta la incertidumbre que se deriva de la falta de resolución y amplía aún más, si cabe, el sufrimiento soportado por las personas en situación de vulnerabilidad social y sus familias".
Los retrasos llegaban en algunos casos a los dos años, pese a que la norma especifica que se responderá en un plazo de seis meses.
Desde el equipo de Oltra atribuyeron en ese momento los retrasos a que la gestión era compartida, entre Generalitat y ayuntamientos, una circunstancia que en ocasiones dificultaba la coordinación.
La política valenciana y el síndic, el socialista Ángel Luna, protagonizaron varios encontronazos durante la pasada legislatura por la elaboración de estos informes y las investigaciones abiertas por la situación de los centros de menores.
Riesgo de exclusión
La Renta Valenciana de Inclusión es una prestación económica y profesional dirigida a las personas en riesgo de exclusión de la Comunitat Valenciana.
Se diferencia en dos tipos de Renta en función de la existencia o no de ingresos previos, las denominadas Complementaria y de Garantía, que a su vez presentan otros dos subtipos.
La Renta Valenciana, en cualquier de sus modalidades, es compatible con el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Estado.
Con el actual modelo, las cantidades percibidas en concepto de Renta Valenciana, se incrementar por gastos derivados del alquiler o cuota hipotecaría de la vivienda habitual.