Un juzgado de Valencia ha ordenado el desahucio del despacho en el que ejercía de abogado el actual director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) del Gobierno valenciano, Ernesto Fernández (PP), por el impago de varias mensualidades.
El inmueble cuenta con 160 metros cuadrados y se encuentra en la calle Cirilo Amorós de Valencia, una de las zonas de la capital valenciana con los alquileres más elevados.
El lanzamiento tuvo lugar el pasado mes de septiembre y el responsable de vivienda pública de la Generalitat, según explica la propietaria, todavía no ha recogido sus enseres personales y el mobiliario de oficina.
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La deuda asciende a más de 5.000 euros, según la dueña, y el contrato, suscrito en 2011, estaba a nombre de uno de los tres profesionales que dirigían el despacho profesional, el consultor Ángel Escandell. El despacho ofrecía servicios globales de consultoría y asesoría jurídica, según consta en las referencias publicadas en portales jurídicos.
"Me han dejado un agujero muy grande y han estado en una de las mejores zonas de Valencia sin pagar", denuncia la propietaria en declaraciones a EL ESPAÑOL.
Según su relato, el contrato estaba a nombre de Escandell, pero las mensualidades las abanaban entre todos los socios. "Eran un colectivo de profesionales y la responsabilidad era de todos", destaca.
De hecho, según la casera, era el propio Ernesto Fernández el encargado de "abonar las mensualidades" en nombre del resto de socios por transferencia bancaria. Pero un día "desapareció" y dejó de cobrar el alquiler.
"Ninguna relación"
Preguntadas al respecto por este periódico, fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda aseguraron, tras practicarse el desahucio, que Fernández se desvinculó del despacho en mayo, fecha en la que se presentó a diputado de las Cortes Valencianas por el PP, y que actualmente no guarda ninguna relación con su socio.
Además, subrayaron que son hechos relacionados con su actividad privada y que no están vinculados con su responsabilidad al frente de la empresa pública de la vivienda.
La propietaria del inmueble, tras acumular varios recibos sin pagar ni recibir ninguna justificación, presentó una demanda por impagos en los tribunales. El juzgado de Primera Instancia 22 de Valencia aceptó tramitar el procedimiento judicial y señaló la fecha del juicio y el correspondiente lanzamiento.
El director general de la empresa pública de vivienda dejó sus bienes en el local cuando se marchó, según el relato de la casera. Ella reclama ahora que asuma el gasto de la empresa que ha contratado para vaciar el inmueble comercial y poder volver a alquilarlo.
A nivel orgánico, Ernesto Fernández es vicesecretario de Agricultura, Agua y Pesca del PP valenciano. Obtuvo el acta de diputado autonómico tras las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo. También es concejal en el municipio valenciano de Camporrobles.
En septiembre renunció al acta de diputado tras ser designado director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, un ente adscrito a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
"Trabajaré sin descanso para facilitar el acceso a la vivienda de aquellos castellonenses, alicantinos y valencianos que cuentan con menos recursos", manifestó tras su nombramiento.
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo es una entidad pública empresarial, con personalidad jurídica propia, y se encarga de la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas.
Igualmente, se dedica a la gestión y administración del patrimonio público de vivienda de titularidad de la Generalitat, así como de la tramitación de ayudas y subvenciones en materia de vivienda.
"No me coge el teléfono"
Desde que accedió a la política autonómica, Fernández no ha atendido las llamadas de la dueña para liquidar los pagos pendientes, según manifiesta la propietaria. "Han estado viviendo en una situación de muchísimo privilegio porque la zona es cara y muy buena", lamenta.
"Ahí han estado sin pagar. Les enviaba correos y llegó un momento que me los devolvían. Un día me llamó una señora diciendo que estaba en el despacho trabajando y que le hiciera el favor de pagar por habitaciones porque Ernesto Fernández y Ángel Escandell ya no estaban".
La dueña se negó. "Yo alquilo el local entero, no soy un coworking". "No sabía que se había metido en política, ahí fue cuando me enteré y ya me debía dinero", explica.
"Le he estado llamando y no me coge el teléfono, he intentado encontrar una solución, pero no ha habido manera de contactar con él. Ha vivido de gorra y ha desconectado", defiende.
Fernández es abogado y figura como colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. El popular dejó de ejercer su actividad privada cuando fue nombrado alto cargo, pero su nombre y el despacho que compartía en la calle Cirilo Amorós sigue apareciendo en varios portales especializados en asuntos jurídicos.