La condena a Alfonso Rus ha vuelto a poner el foco sobre el PP valenciano y los casos de corrupción que arrastra pese a que ha estado 8 años sin gobernar las instituciones de la Comunitat Valenciana.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 19 de las 25 personas que estaban acusadas de las irregularidades en las contrataciones de directivos, asesores y trabajadores en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa entre los años 2004 y 2015 y ha absuelto a los otros seis, entre ellos el socialista Rafael Rubio.
El tribunal ha impuesto las penas más altas, cinco años de cárcel, 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 5.400 euros, al que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia entre los años 2007 y 2015.
Con la misma pena ha sido condenado el ex consejero delegado de Ciegsa y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
A estos tres acusados les considera autores de delitos continuados de malversación de caudales públicos en concurso con delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, aunque les absuelve del delito de pertenencia a organización criminal.
Al resto de los acusados que han resultado condenados, la Sala les impone penas que van desde los cuatro meses de suspensión de empleo o cargo público hasta los cuatro años y cuatro meses de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación, bien por la comisión de delitos de falsedad documental, bien como cooperadores necesarios de malversación y prevaricación.
La sentencia llega solo una semanas después de que la Audiencia absolviera Alfonso Rus en otra pieza separada del caso Imelsa. En este caso, la Audiencia concluye que el dirigente del PP era el patrón de la mayor red de clientelismo político que ha sido juzgada en Valencia.
El juicio por estos hechos se celebró entre el 23 de enero y el 2 de marzo de este año y la sentencia, que consta de 156 páginas y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La resolución judicial aprecia para todos los reos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, y para alguno de ellos también las de confesión y reparación del daño.
Además, fija indemnizaciones de hasta 655.310 euros en favor de Ciegsa y de más de 100.000 para Divalterra (empresa sucesora de Imelsa) como responsabilidad civil individual.
Los enchufados
Entre los condenados figuran jugadores de fútbol, empresarios y candidatos o exconcejales del PP, como Eva Sarrión, natural de Xàtiva, o el exalcalde popular de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo.
Manuel Gómez, trabajador de la sede autonómica del PP, también figura entre los condenados. Gómez reconoció en el juicio que fue contratado en Ciegsa pero trabajaba en la sede del PP. "Estaba en paro a los 60 años y pedí trabajo a todos. Repartí currículums, también a Alfonso Rus".
En esta misma situación estaba Antonio Gil, también condenado. Fue contratado en Ciegsa porque su mujer había sido concejal del PP, pero en realidad realizaba sus funciones en la sede popular.
Los magistrados consideran probadas las contrataciones de trabajadores en estas sociedades -Ciegsa, dependiente de la Generalitat, e Imelsa, de la Diputación Provincial- sin que mediara en ellas "ningún proceso de selección basado en principios de publicidad, igualdad, mérito ni capacidad".
Y sin que respondieran en muchos casos, precisa la sentencia, a una "necesidad real” de las propias mercantiles.
De hecho, algunos de esos contratos se realizaron en consideración a la relación de los contratados con el PP, al que pertenecían los principales acusados, o a su relación de amistad con los anteriores o con otros miembros de la misma formación política.
Además, algunos de los empleados no prestaron nunca servicio ni realizaron labor alguna para las empresas públicas, pese a lo cual los responsables de las contrataciones firmaron certificados que decían lo contrario con la finalidad de “dar apariencia de legalidad” a los contratos laborales.
Uno de esos trabajadores era un futbolista del Club Olímpic de Xàtiva que fue contratado como asesor en Imelsa por Marcos Benavent a petición de Alfonso Rus, presidente también de esa entidad deportiva, para pagarle su nómina como jugador.
Se trata de Miguel Ángel Mullor, excapitán del Olímpic de Xàtiva, el club de fútbol que presidió Rus hasta el año 2015. Mullor, conocido en el mundo del fútbol como El Gato, estaba contratado en Imelsa, pero en realidad era jugador de fútbol y entrenador del Benigànim UD. También fue concejal del PP en el municipio valenciano de Ontinyent.
Rival de la Gürtel
También ha sido condenado a seis meses de prisión el conocido empresario valenciano de la comunicación, José Adolfo Vedri, propietario del grupo Engloba.
La sentencia atribuye a Vedri la contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores, Óscar Pavón y Salvador Tormo, también condenados.
Vedri competía con las empresas de Francisco Correa, jefe de la Gürtel, por los contratos de las Administraciones públicas de Valencia.
Correa llegó a denunciar durante la celebración de uno de los juicios que "en 4 o 5 años a Orange Market se le adjudicaron muy pocos concursos y a Engloba en un solo año le adjudicaron unos 60 con la Generalitat".
"Al final, en Valencia tampoco tuvimos grandes adjudicaciones de eventos o campañas de comunicación de la Generalitat (...) en su mayor parte fueron a Engloba, que tenía el 80% de las adjudicaciones", subrayó Correa.
Por último, la Audiencia también ha declarado probada la percepción de retribuciones variables en concepto de productividad o de dietas en Imelsa que carecían de justificación, un sistema que "no tenía justificación en ninguna evaluación del rendimiento, ni se ajustaba al procedimiento previsto en el Convenio Colectivo".
El tribunal ha rechazado la nulidad de las actuaciones por el uso como fuente de prueba de un pendrive que contenía archivos de audio de conversaciones de Marcos Benavent con otros interlocutores grabadas por él mismo y que su exsuegro copió sin su consentimiento y entregó a la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez.
La dirigente puso el material en conocimiento a la Fiscalía. La Sala ha determinado que no se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones y "no cabe imputar violación alguna a los órganos encargados de la investigación", pues el proceso penal del caso Imelsa "se ha desarrollado sin vulneración de derechos fundamentales ni desequilibrios de las partes".