La sede del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) acoge el próximo viernes 15 de diciembre la presentación del libro solidario 101 Relatos Judiciales y el acto ha desatado la polémica porque en la obra participa el exjuez español Baltasar Garzón, condenado por vulnerar el derecho de defensa y grabar a un abogado en el locutorio de la cárcel.
Se trata de una antología de 101 relatos, editado sin ánimo de lucro, para beneficio de los damnificados por la guerra de Ucrania y basado en sucesos acaecidos con profesionales de la abogacía de todo el mundo.
Según ha informado el ICAV a sus colegiados, "se ha intentado que el autor/a participante se ponga en la piel del profesional de la abogacía que llevó el caso en cuestión, como acusación o defensa, y desencadene este con la voz narrativa de la primera persona y algún aspecto que priorice la trama literaria en él".
En definitiva, "hacer literatura y relatar la ficción de cómo vivió el profesional de la abogacía el caso, cómo se sintió, las circunstancias que acontecieron y su percepción personal de los personajes involucrados en el caso".
El objeto es dar un "justo reconocimiento a los profesionales de la abogacía que defienden con ética los intereses ajenos, configurándose como un agente social indispensable al proporcionar el acercamiento a una, muchas veces confusa, justicia a quien se siente lejos de ella, convirtiéndolos en el enlace natural entre el Derecho y la calle"
La presentación de este libro, de la Editorial Vinatea, ha generado malestar entre numerosos colegiados por "dar cabida" a un exjuez condenado por mala praxis con los abogados y que ha grabado "conversaciones entre letrados y sus clientes".
Además de Baltasar Garzón, en el libro también participan otros destacados juristas valencianos como José Domingo Monforte o Fernando de Rosa, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y en la actualidad diputado del PP.
En 2012, el Tribunal Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel y sus abogados.
El Tribunal concluyó que Garzón, al ordenar las grabaciones de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".