Eduardo Zaplana se sentará este jueves en el banquillo de los acusados para afrontar la primera sesión del juicio de la Operación Erial, el caso por el que fue arrestado el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana del PP en 2018. Y empezará sin la presencia de su principal abogado, el exfiscal Daniel Campos, que está aquejado de una dolencia cardíaca tras ser intervenido de urgencia.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido finalmente mantener la fecha prevista para el inicio de este juicio, aunque es muy probable que en esta primera sesión se solicite formalmente un nuevo aplazamiento o suspensión del juicio.

La decisión se conocerá el mismo jueves y Zaplana rearma su estrategia para desmontar las principales pruebas y sacar el caso de Valencia. Los nuevos letrados del expresidente valenciano plantearán en el trámite de cuestiones previas un conflicto de competencias para que el histórico dirigente del PP sea juzgado por otro tribunal de la Audiencia Nacional, en Madrid.

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Los hechos, según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, ocurrieron fuera de España y esto podría comportar que las defensas pidan que el juicio se celebre con otro tribunal, según confirmaron fuentes judiciales a EL ESPAÑOL. Así, solicitarán al tribunal que suspenda las vistas y se inhiba a favor de la Audiencia Nacional.

Entre los argumentos que los acusados defenderán para justificar sacar el caso de Valencia está que las sociedades investigadas se encuentran en Luxemburgo, Suiza y Andorra, ningún hecho delictivo ocurre en Valencia y no figura ningún conseller acusado por las adjudicaciones supuestamente amañadas.

La Audiencia de Valencia podría esperar a dar a conocer su decisión en sentencia y el juicio tendría que desarrollarse tal y como está previsto en la ciudad del Turia, al margen de si después debe de volver a celebrarse en Madrid.

En cualquier caso, el volumen de la causa, la dificultad que entraña para que un nuevo letrado se instruya en ella y la indefensión que podría suponer esto para Zaplana podría justificar un nuevo retraso. 

Esta macrocausa ya sufrió un aplazamiento el pasado 9 de enero por la baja del fiscal Anticorrupción, y el tribunal decidió entonces posponerla hasta el jueves 1 de febrero. El calendario establece un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos.

El sumario atribuye al exministro de Trabajo la participación en una supuesta red de comisiones ilícitas y blanqueo a través de paraísos fiscales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV y la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

Cadena de custodia

La defensa de Zaplana pondrá en duda el origen de la causa en el juicio para anular los denominados papeles del sirio, unos documentos que iniciaron las diligencias y se hallaron en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, el autodenominado como yonqui del dinero.

El exministro quiere demostrar que no se ha respetado la cadena de custodia de esta prueba, un argumento que ha repetido durante toda la investigación. 

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia permitió el registro del despacho del abogado de Benavent para incautarse de documentos relativos a empresas investigadas por el caso Taula y el supuesto reparto de comisiones entre cargos del PP.

La Guardia Civil, sin embargo, sin dar cuenta al juez, sostienen fuentes de la defensa consultadas por este periódico, se llevó también documentos de otros asuntos, entre ellos los papeles del sirio, y permaneció cinco meses investigando sin dar cuenta al juzgado.

Transcurrido ese tiempo, la Guardia Civil pasó el caso al juzgado del caso Taula y este lo mandó a reparto porque no guardaba ninguna relación con la investigación de Marcos Benavent.

Estos documentos se encontraron supuestamente en el piso cuyo propietario en ese momento era un ciudadano de origen sirio, que antes había sido de un notario; antes, de otro notario; y antes, de Zaplana. Los notarios no fueron llamados a declarar en instrucción, según advierten fuentes de las defensas.

Desmontar a Belhot

Desmontar el testimonio de su supuesto testaferro y principal testigo de la Fiscalía Anticorrupción, el uruguayo Fernando Belhot, centrará gran parte de los esfuerzos de la defensa del expresidente valenciano en el juicio.

La defensa de Zaplana niega esta acusación y afirma que el dinero investigado y retenido por la Justicia española no era suyo. 

El exministro ha denunciado estos años que Belhot llegó a un acuerdo con Anticorrupción y "de repente un imputado pasa a ser un testigo" y se "regalan impunidades".

A partir de ese momento, Belhot cambió su testimonio y dijo que Zaplana estaba detrás de todo, pero sin concretar más allá.

En el caso Erial, cuya instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de las Cortes Valencianas, exvicepresidente valenciano y exdirector general de la Policía, Juan Cotino.

Además, entre los acusados aparecen colaboradores de Zaplana y empresarios. La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros catorce procesados.