El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, el expresidente del Consell José Luis Olivas, y otras 13 personas se desplazaron este jueves a la Ciudad de la Justicia de Valencia para asistir este jueves al juicio por el conocido como caso Erial.

Inicialmente, está previsto que la vista comenzara este jueves, pero un problema de salud del abogado de Zaplana ha provocado la suspensión del juicio y el establecimiento de un nuevo calendario. La vista, que debía arrancar inicialmente el 9 de enero, ya tuvo que posponerse hasta el 1 de febrero por una indisposición del fiscal.

Los acusados, acusaciones y abogados defensores acudieron a la Audiencia para concretar el nuevo calendario. Se reanudará el 21 de marzo.

En este procedimiento se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al expresidente valenciano.

En este procedimiento Eduardo Zaplana, que siempre negó los hechos y reiteró su inocencia. Se enfrenta a una pena, tal y como le reclama Fiscalía Anticorrupción, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial.

Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

Anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo que operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al exministro de Trabajo y que le ayudaron en la operativa.

Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".