El grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha vuelto a registrar una iniciativa para exigir la "expulsión urgente e inmediata de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país".
Se trata de la misma Proposición No de Ley (PNL) que los de Santiago Abascal presentaron el pasado 3 de noviembre, aunque con un matiz.
Entre las reclamaciones que quieren que el Gobierno valenciano, del que forman parte con el PP, haga al Gobierno central hay una nueva: que se suspenda de "forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o, en su caso, a cualquier ONG que opere en Palestina".
El objetivo es, según la propuesta, "la realización de una auditoría urgente de dichos pagos a efectos de determinar si han sido destinados, o no, a ayuda humanitaria".
"Para evitar que ni un solo euro de los españoles vaya destinado a organizaciones terroristas como Hamás", puede leerse en la iniciativa firmada por el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, José María Llanos.
"España, como el resto de Europa, está sufriendo una invasión inmigratoria que pone en grave riesgo el futuro de Europa tal y como la conocemos, y con consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los europeos", reza la PNL.
La expulsión de "los inmigrantes ilegales" era un punto del programa electoral de Vox en la Comunitat Valenciana. Que hayan alcanzado un acuerdo para gobernar junto al PP en el Gobierno valenciano no ha rebajado la contundencia de su postura frente a esta cuestión.
En la iniciativa parlamentaria que han registrado además siguen vinculando la inmigración y "el multiculturalismo" a la seguridad ciudadana.
En el pacto que convirtió a Carlos Mazón en presidente de la Generalitat, sin embargo, esta cuestión se suavizó. El punto 48 establece que "La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas".
Además, añade que se eliminarán "las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".
El portavoz del grupo popular en la Cámara autonómica, Miguel Barrachina, afirmó que para el PP "una persona inmigrante primero es persona y después migrante". Pronunció estas palabras cuando Vox presentó la primera iniciativa en noviembre.
"Aumento de la inseguridad"
Vox, en su propuesta, relaciona el multiculturalismo con el "aumento de la inseguridad, la precarización de los empleos y la entrada de culturas incompatibles
con la nuestra".
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario critica la reubicación de los inmigrantes "sin ningún tipo de control".
"Esto, además de provocar el temor de muchos españoles, es especialmente escandaloso ya que mientras a los españoles afectados por la erupción del Volcán de La Palma siguen instalados en contenedores, a los inmigrantes ilegales se les ha ido hospedando en hoteles que en muchos casos son de lujo", reza la propuesta.
En esta línea, el texto de Vox reclama la expulsión "de forma inmediata" de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente y exige que se eliminen todas las ayudas públicas tanto a las personas que llegan a España desde otros países como a las ONG y asociados que "destinen sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal".
El grupo parlamentario dirigido por Llanos Massó exige al Ejecutivo de Mazón, del que son socios, 19 medidas contra "la inmigración ilegal".
Además de la "urgente e inmediata" expulsión, reclaman acabar con "las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la
vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa".
Imagen de archivo de la junta de síndics, con Llanos y Barrachina
En este sentido, piden que "todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública".
Vox propone también la suspensión de la cooperación al desarrollo con Senegal o "cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional".
Otro de los puntos es que todos los municipios de España aprueben una "Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse".
Asimismo, que las administraciones autonómicas y municipales se opongan a la "reubicación de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente".
Y en caso de que se produzca dicha reubicación por mandato del Ministerio de Interior, Vox quiere que se refuerce la presencia policial "con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión".