La nueva ley educativa de Mazón permitirá no examinarse de valenciano en las zonas castellanohablantes
Las familias de estas áreas podrán solicitar la exención de valenciano al formalizar la inscripción en los centros.
22 marzo, 2024 13:00La futura ley de Libertad Educativa de la Comunitat Valenciana permitirá a los alumnos de las zonas consideradas como castellanohablantes no examinarse de la asignatura de valenciano.
Sí obligará a que asistan a clase y participen activamente en dicha materia, aunque sin efectos en la evaluación y la calificación de estos estudiantes. De esta manera, la futura ley educativa de Carlos Mazón recupera el sentido de la exención que recogía la Ley de Usos y Enseñanza del valenciano de 1983, que permite a los padres o tutores solicitar la exención en el momento de la inscripción.
Así se desprende de la proposición de ley que registraron este jueves el PP y Vox en las Cortes Valencianas. Una iniciativa con la que pretenden, según explicaron los portavoces parlamentarios de ambos grupos, que las familias elijan "con libertad" en qué lengua quieren que estudien sus hijos.
Esta normativa, cuando se apruebe (con los votos de PP y Vox es suficiente), sustituirá el modelo lingüístico de Compromís, con un sistema de porcentajes entre valenciano y castellano. El tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales es del 25% de las horas efectivamente lectivas.
El objetivo del nuevo Ejecutivo es recuperar el anterior sistema de líneas, con la opción en castellano o en valenciano. Además, serán las familias quienes elijan, a través de una consulta, la lengua base de los centros educativos.
A partir del curso 2025-26
El calendario con el que se trabaja es que la nueva ley entre en vigor para el curso 2025-2026. Sin embargo, para el próximo (2024-2025) ya se harán efectivos los primeros cambios, aprobados junto a la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2024.
Así, en septiembre del próximo curso ya se modificarán los proyectos lingüísticos de centro tras la consulta a la comunidad educativa de las zonas de predominio castellano. Es decir, se elimina la obligatoriedad de estudiar un 25% de las asignaturas troncales en valenciano. Por poner un ejemplo, ya no será obligatorio impartir en valenciano materias como Historia o Matemáticas a los alumnos de estas áreas.
Además, se suprimirán los programas experimentales del anterior Consell que afectaban a 220 centros y en los que en Infantil no se imparte castellano.
Durante ese ejercicio se llevará a cabo la consulta a todas las familias con hijos escolarizados para la configuración de la lengua base de todos los colegios e institutos, que se aplicará a partir del curso de 2025-2026, cuando ya se pongan en marcha todas las modificaciones de la ley.
Para los alumnos que se vayan a escolarizar por primera vez en Educación Infantil en el curso 2025-2026, las familias podrán elegir idioma en el momento de pedir la plaza escolar.
Desde la entrada en vigor de la ley cualquier estudiante podrá pedir su certificación de valenciano según sus estudios previos y tendrá derecho a hacer sus exámenes en valenciano o castellano (excepto en las asignaturas de lengua).
Certificaciones de valenciano
Una de las grandes novedades de la futura normativa es que el nivel de valenciano se certificará de manera automática en función de los cursos aprobados y de la nota obtenida en la asignatura de valenciano.
El C1, equivalente al Mitjà, se obtendrá al aprobar la materia en los dos cursos de bachillerato con una media de 7 o más o al conseguir esa misma calificación en la prueba de valenciano del acceso a la universidad.
El reconocimiento del nivel se realizará de forma retroactiva para todos los alumnos que hubiesen finalizado los estudios correspondientes a enseñanzas LOE.
Por tanto, serán válidas las certificaciones de ESO y personas adultas desde el curso 2008-09 y las certificaciones de Primaria, Bachillerato y acceso a la universidad desde el curso 2009-10.
También se relajará las exigencias de valenciano para los docentes. Pasará a ser considerado como un mérito y no como requisito en formación profesional y enseñanzas de régimen especial.