El texto de la Proposición de Ley de Concordia impulsado por PP y Vox en las Cortes Valencianas augura fricciones con la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Congreso de los Diputados en octubre de 2022. La autonómica contempla "protección patrimonial" para bienes que, según la redacción del texto estatal, pueden ser considerados como "contrarios a la memoria democrática".

En su afán de proteger a "todas las víctimas" desde "el año 1931", el nuevo texto establece que "tendrán consideración de lugares de la concordia de la Comunitat Valenciana aquellos espacios, inmuebles o parajes que revelen interés por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva de los hechos conducentes y concurrentes a las situaciones que llevaron a adquirir la condición de víctima".

"Dichos bienes deberán tener protección patrimonial en base a su importancia y relevancia", agrega el nuevo texto. Si se tiene en cuenta que esta propuesta de norma amparará a "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931", enclaves como las llamadas cruces de los caídos, erigidas para honrar a los fallecidos del bando nacional en la Guerra Civil, podrían recibir tal consideración para ser conservadas o restituidas, ya que muchas ya han sido retiradas.

[La nueva Ley de Concordia valenciana que deroga la de Memoria Histórica reconoce a todas las víctimas desde 1931]

Y este es el escenario que contrasta con la redacción vigente a nivel nacional. La Ley de Memoria Democrática se refiere de forma explícita a las mismas. "Se erigieron monumentos conmemorativos y panteones por todo el país, se inscribieron los nombres de los 'caídos' en placas en las iglesias, se establecieron fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos considerados gloriosos por el régimen franquista", relata.

La norma estatal considera el despliegue de estos elementos "políticas de memoria totalitaria" y, en su artículo, 35, denominado "símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática", obliga a las administraciones públicas a adoptar "las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos".

"Elementos contrarios"

"Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial", precisa textualmente la Ley de Memoria Democrática.

Como informó este jueves EL ESPAÑOL, la Proposición de Ley de Concordia Democrática de la Comunitat Valenciana sustituirá a la de Memoria Democrática autonómica impulsada con Ximo Puig como presidente autonómico. Los portavoces parlamentarios de PP y Vox, partidos que respaldan el actual Gobierno autonómico, comparecieron juntos para anunciarla junto a otras cuatro leyes.

Esta nueva norma, que fue explicada por el portavoz de Vox, José María Llanos, otorga el mismo régimen de protección y de reconocimiento a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo" que a las víctimas a las que hacía referencia la ley de Memoria Democrática aprobada en 2017.

[La Ley de Libertad Educativa de Mazón permitirá a las familias votar la lengua vehicular de los centros]

La proposición afirma que, en casi cien años, "España ha vivido profundas crisis, pero sobre todo una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico". Ante ello, los partidos firmantes apuestan por "una actitud generosa en pro de la reconciliación".

La futura ley de Concordia además reconoce el derecho a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Esto supondrá, según fuentes del PP, el desarrollo y profundización en las políticas de la Generalitat Valenciana como las exhumaciones en los principales cementerios valencianos. También se mantendrá el convenio con Fisabio, para la identificación de los restos hallados.

La proposición de ley considera como derecho de las víctimas la reparación y preservación de su memoria, "evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles".

La futura norma protege asimismo el derecho a acceder a toda la documentación existente sobre las víctimas y establece nuevas garantías para la protección de los lugares que han sido objeto de violencia política y social.

Además, se reconoce expresamente el derecho a la investigación de los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos. 

Nueva unidad

PP y Vox proponen mediante esta proposición de ley la creación de la Unidad Valenciana de Concordia, un departamento adscrito a Presidencia. La propuesta recoge que el director de esta unidad sea escogido entre profesores universitarios expertos.

Por otra parte, la Generalitat Valenciana asumirá la elaboración del catálogo de vestigios e impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas.

Desde el PP señalaron que las víctimas lo son "con independencia del lugar donde fueran asesinadas". En este sentido, destacaron que esta Ley de Concordia tiene como uno de sus objetivos "construir un modelo basado en el respeto a la dignidad humana y en la convivencia, excluyendo la confrontación partidista".

Por su parte, José María Llanos puso en valor que la Comunitat Valenciana se convierta en el "primer territorio nacional" con una ley de Concordia, "frente a la falsa memoria democrática que enfrentaba a las dos partes".

Consideró que se acaba con los términos guerracivilistas y se mantendrá la reparación de las víctimas, "las de un lado y las de otro".