Juzgan a diez personas por una red de prostitución en Valencia y otros tres casos de violencia sexual
La Audiencia Provincial estudiará la próxima semana diversos casos de agresiones sexuales a menores y una agresión como delito de odio.
27 abril, 2024 19:18De una red de prostitución europea a dos casos de violencia sexual a menores. Este es el panorama que tendrá que juzgar la Audiencia Provincial de Valencia la próxima semana.
El jueves en la Sección Segunda se encargará de juzgar a siete hombres y tres mujeres acusados de forma parte de una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Este caso llega a los juzgados después de que fuera desarticulada a finales de 2019 en València, Torrent y Xàtiva.
La Fiscalía sostiene que varios de los acusados captaron en Rumanía, su país de origen, a una víctima, que tiene la condición de testigo protegido en esta causa, para obligarla a ejercer la prostitución en España. Entre los horrores que vivió, uno de ellos, presuntamente, la violó en una habitación de hotel bajo la amenaza de matarla a ella o a sus familiares.
[Las Cortes Valencianas, a favor de la abolición y de multar a los "puteros" con hasta 30.000 euros]
El grupo también controlaba y coaccionaba según la acusación a otras mujeres que se prostituían en diversas vías de servicio y carreteras de la provincia de Valencia. El Ministerio Público solicita para los acusados por estos hechos penas que van desde un año y medio a los 26 años de prisión por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual cometido por una organización, prostitución coactiva o explotación de la prostitución, agresión sexual, blanqueo de capitales, coacciones o falsedad documental.
Violencia sexual contra menores
El martes se celebrarán tres juicios por delitos de violencia sexual, dos de ellos cometidos contra menores de edad. En la Sección Primera el fiscal pedirá 26 años de prisión por dos delitos de agresión sexual para un hombre acusado de forzar sexualmente a su pareja sentimental, pese a que ella no quería mantener relaciones sexuales por su cultura religiosa y por el miedo de que sus padres se enteraran de que mantenía una relación.
En la Sección Cuarta se juzgará a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor el 31 de diciembre de 2022 en el carril bici que une las localidades de Oliva y Gandía. El avance de la causa señala que este hombre, que circulaba en patinete, se acercó a la víctima, que caminaba por el carril, y se ofreció a llevarla a casa.
En la Sección Quinta se ha programado una vista contra un hombre de 24 años acusado de dos delitos de abuso sexual cometidos sobre una menor de 15 años que sufre una inmadurez cognitiva.
Contacto por redes
Procesado y víctima comenzaron a intercambiarse mensajes a través de una red social en los que él le preguntó la edad a la menor y ella le respondió que tenía 15 años. En enero de 2021, ambos quedaron en dos ocasiones en una casa abandonada de un municipio de la Ribera Baixa donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas, según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe.
El lunes en la Sección Segunda se juzga a dos hombres acusados de agredir a un tercero por motivos ideológicos, el 7 de noviembre de 2021, en una calle de València.
La Fiscalía mantiene que los procesados formaban parte de un grupo de diez personas que, tras llamar la atención por la marca de la sudadera que llevaba la víctima, le golpearon en la cara y le pegaron patadas, tras lanzarle una silla mientras gritaban "viva Valencia" o "esto es el reino de Valencia".
Según la acusación pública, los agresores iban ataviados con prendas en las que lucían simbología como una cruz gamada y una corona de laurel. El Ministerio Fiscal solicita inicialmente para cada uno de los encausados una pena de prisión de cincos años por un delito de lesiones y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas.
Al margen de estos juicios, se han previsto otros dos por intento de homicidio, uno de lesiones, uno de robo con fuerza y el caso de una asesora laboral acusada de quedarse cerca de 8.000 euros de un cliente, que debía haber ingresado en la Tesorería de la Seguridad Social como pago de sus cuotas de autónomo.