Casos sin la “reflexión” que pide Sánchez: el archivo tras morir Barberá o los 16 años de Camps imputado sin condena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió este lunes al anunciar su continuidad un "punto y aparte" hacia la "la limpieza, la regeneración y el juego limpio" en política. Lamentó que "el fango contamine la vida pública con prácticas tóxicas", en referencia a las informaciones publicadas y a la investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez. "Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país necesita esta reflexión", dijo.

En el PP de Valencia muchos recordaron este lunes que no hubo "reflexión" ni "punto y aparte" después de investigaciones judiciales impulsadas y rentabilizadas por la izquierda que terminaron sin responsabilidad penal para sus protagonistas.

Entre los casos más sonados se encuentran los de Francisco Camps, imputado desde hace 16 años en varios procedimientos en los que -a la espera que concluya el último de Gürtel- siempre ha sido finalmente exonerado. También el archivo del llamado Pitufeo por el que se investigó a Rita Barberá, que murió imputada tras declarar. El caso fue sobreseído 6 años después.

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La investigación a Barberá estalló en 2015. Concejales y asesores del PP de Valencia fueron acusados de blanqueo de capitales por aportar mil euros al partido y, supuestamente, cobrarlos después de forma irregular. Pero la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia desmontó la trama que apreciaba el Juzgado de Instrucción 18.

El sobreseimiento fue muy contundente por parte de los tres magistrados de la sala. "En modo alguno puede sostenerse, más allá del espacio de la mera sospecha, que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado", aseveró el escrito firmado por Pedro Castellano, José Manuel Megía e Isabel Sifres. La Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel.

Fue ese supuesto blanqueo por el que Rita Barberá terminó declarando ante el Tribunal Supremo. El auto de la sección cuarta llegó a afirmar que el juez de instrucción, Víctor Gómez Saval, era consciente de que procesaba a los acusados sin tener atado un aspecto clave: la recepción de mil euros de procedencia irregular que después donarían al partido.

"Vemos con facilidad que el auto recurrido solo incluye nominalmente a los apelantes y a la mayoría de los investigados en la ejecución parcial de la segunda fase -la entrega del dinero blanco- e ignora absolutamente su cita en relación con la tercera fase consumativa -la recepción del dinero negro-, aunque ello no es óbice para que finalmente sean considerados partícipes de todas ellas en la parte dispositiva del auto, una decisión que el Tribunal no comparte por entender que adolece de fundamento lógico", aseveró el escrito.

Rita Barberá, durante su última etapa, en Madrid. Emilio Naranjo / Efe

Entonces no era popular el término lawfare que ahora abraza la izquierda. La expresión empleada era la de 'guerra judicial', y la pronunciaban solo los afectados directos. La cúpula del PP consideró graves los hechos investigados y presionó sobremanera para que Rita Barberá se apartara cuando fue imputada.

El propio Pablo Casado, entonces vicesecretario de comunicación del partido, la invitó a que diera "un paso atrás". Ella dejó la formación, pero no el escaño, circunstancia que elevó todavía más la presión política. "Ya no forma parte del Partido Popular", subrayaba quien después sería presidente del PP.

El desenlace es de sobra conocido. En este ambiente de máxima tensión, la exalcaldesa murió de un infarto en un céntrico hotel madrileño. Fue el 23 de noviembre de 2016, hace ya más de siete años. Ocurrió solo dos días después de que Barberá prestara declaración por esta causa. La posterior autopsia reveló que padecía una grave cirrosis hepática que le provocó un fallo multiorgánico.

El escenario en la ciudad también fue frenético. En la llamada pieza del pitufeo fueron imputados por blanqueo 9 de los 10 concejales que tenía el PP. Como Barberá, ninguno entregó el acta, de modo que la formación, al dilatarse durante años la investigación, se pasó toda la legislatura con un único representante en el grupo municipal, y acudió a las elecciones de 2019 con una lista completamente renovada, liderada por la ahora alcaldesa María José Catalá, que fue entonces derrotada.

Todos los ediles de 2015 fueron defenestrados. En consecuencia, ninguno de los nuevos aspirantes había ejercido la oposición contra el alcalde Joan Ribó, al que intentaron sin éxito derrocar en las urnas.

Imputado desde 2008

Otro protagonista que, a juicio del PP, merece tanto o más una reflexión sobre la judicialización de la política, es Francisco Camps. El expresidente valenciano lleva investigado en distintos procedimientos judiciales desde 2008 y, hasta la fecha, siempre con el mismo resultado.

"Dudo que exista otro político que haya logrado nueve archivos con petición de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción", afirmó hace dos años su abogado, Pablo Delgado. Se trata de 16 años imputado sin una sola condena, si bien le resta todavía una pieza separada del caso Gürtel, con el juicio ya celebrado y vista para sentencia. El fallo debería ser inminente.

Fue entonces, en noviembre de 2021, cuando se produjo el archivo provisional de la última pieza sobre la organización en Valencia de la Fórmula 1. En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción 2 acordó el sobreseimiento de la investigación por el contrato con el que el Gobierno valenciano asumió (en sustitución de Bancaja) la condición de avalista de Valmor, la empresa que organizaba el gran premio.

La causa que investigaba ese acuerdo, firmado en julio de 2011, no se resolvió hasta más de diez años después. Ya solo restaba como investigado el propio expresidente, y se trataba de un sobreseimiento anunciado, ya que la propia Fiscalía Anticorrupción había retirado su acusación. "Solo acusaba la Abogacía de la Generalitat Valenciana, dirigida por Ximo Puig", subrayaba Delgado.

El letrado denunciaba una "persecución política contra Francisco Camps", tesis que el PP nunca ha hecho suya en los términos que ahora utiliza el presidente Pedro Sánchez para referirse a la investigación a su esposa.

Francisco Camps y Bernie Ecclestone, en junio de 2011. Efe

La juez instructora, que ya había archivado con anterioridad en dos ocasiones esta investigación, concluyó que no podía asegurarse que fuera el propio Camps quien determinara la sustitución de Bancaja por Sociedad Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana como avalista. "Ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto", aseveró en su auto.

Según el recuento difundido por Delgado, la de la Fórmula 1 fue la novena investigación archivada contra el expresidente valenciano. El primero fue el célebre caso de los trajes derivado de Gürtel, por el que dimitió en 2011 cuando se abrió juicio oral contra él. El jurado popular le consideró "no culpable", pero aquello no era más que el principio de un largo desfile por los juzgados valencianos.

Tras esta investigación llegaron otras muchas. Se le imputó por la presunta financiación irregular de PPCV. También en el caso Nóos, en el del Centro de Convenciones de Castellón, por los contratos de la visita del Papa a Valencia y por falso testimonio en esta última causa.

Las referentes a la Fórmula 1 fueron tres causas contra Camps: una por la construcción del circuito, otra por una supuesta financiación ilegal del PP en este proceso y la mencionada por avalar a Valmor. En todas y cada una de estas nueve salió indemne mediante el archivo o la absolución, según su defensa.

La décima que resta versa sobre los contratos menores de Fitur adjudicados por la Generalitat Valenciana a Orange Market. En esta pieza se acusa al expresidente valenciano de fraude y prevaricación por participar "directa y personalmente" en la adjudicación que benefició a esta firma. 

Francisco Camps define su andadura por los juzgados como un "calvario judicial". La oposición, pese a los archivos que colecciona, le señala por las condenas por corrupción que sí han afectado a algunos de sus consellers en la Generalitat Valenciana, tales como Rafael Blasco y Milagrosa Martínez, condenados a penas de cárcel.